El gobierno de Rodrigo Paz parece haber convertido el diálogo en una religión. Ante cada bloqueo, cada amenaza, cada día de desabastecimiento y cada nueva pérdida económica, la respuesta es la misma: diálogo. Más diálogo. Siempre diálogo. La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo?
El diálogo es una herramienta de la democracia, pero no puede convertirse en un sustituto de la autoridad. Menos aún cuando una de las partes ha dejado claro, una y otra vez, que no tiene interés alguno en negociar. ¿Qué sentido tiene seguir convocando mesas de diálogo cuando quienes bloquean carreteras rechazan sistemáticamente las invitaciones, mantienen el cerco y elevan cada vez más sus exigencias?
Bolivia lleva más de un mes atrapada en una crisis que ya dejó daños económicos multimillonarios, empresas al borde de la quiebra, sectores productivos paralizados y ciudadanos que sufren las consecuencias de la escasez. Mientras tanto, desde el poder se sigue insistiendo en una fórmula que hasta ahora no ha producido resultados visibles. El diálogo no ha levantado los bloqueos, no ha restablecido el abastecimiento y tampoco ha devuelto la normalidad al país.
Rodrigo Paz habla de una "batalla de las batallas". Denuncia la presencia de intereses vinculados al narcotráfico. Advierte sobre intentos de desestabilización y ataques contra la democracia. Utiliza un lenguaje de guerra para describir la situación. Sin embargo, cuando llega el momento de actuar, vuelve a ofrecer otra mesa de diálogo.
Si la amenaza es tan grave como la describe el gobierno, ¿por qué la respuesta sigue siendo la misma después de más de treinta días? Y si la situación no es tan grave, entonces habría que preguntarse por qué se utilizan palabras tan dramáticas para describirla. En política, la distancia entre lo que se dice y lo que se hace termina erosionando la credibilidad.
Los defensores de la prudencia sostienen que una intervención podría provocar enfrentamientos y víctimas fatales. Es una preocupación legítima. Nadie sensato quiere ver sangre en las carreteras. Pero también es cierto que la inacción tiene costos. Cada día de bloqueo genera pérdidas, agrava el desabastecimiento y aumenta la frustración ciudadana. También hay vidas afectadas cuando faltan medicamentos, combustible o alimentos.
El problema de fondo es que el diálogo funciona cuando existe voluntad de acuerdo. Cuando una de las partes sólo busca imponer condiciones o forzar la caída del adversario, el diálogo deja de ser una solución y corre el riesgo de convertirse en una coartada para no tomar decisiones.
Gobernar exige escuchar, pero también exige resolver y tender la mano, pero también fijar límites. Porque si el mensaje que recibe el país es que cualquier grupo puede paralizar ciudades enteras durante semanas sin consecuencias, entonces no estamos fortaleciendo la democracia. Estamos debilitando al Estado.
Y por eso la pregunta ya no es si hay que dialogar. La pregunta es mucho más incómoda: ¿hasta cuándo se seguirá esperando que funcione un diálogo que la otra parte ni siquiera quiere?
La pregunta ya no es si hay que dialogar. La pregunta es mucho más incómoda: ¿hasta cuándo se seguirá esperando que funcione un diálogo que la otra parte ni siquiera quiere?
