Que un país como Bolivia no comparta una visión básica de futuro resulta inconcebible y potencialmente catastrófico. Por la importancia del tema, he realizado un paréntesis para abordar este análisis económico.
En todos los países existen visiones contrapuestas sobre cuánto Estado y cuánta libertad individual son deseables. En Europa predominan distintos grados de intervención estatal según cada nación. En Estados Unidos, los gobiernos republicanos suelen favorecer una mayor libertad económica y un Estado más reducido, mientras que los demócratas tienden a respaldar una mayor participación estatal. En Sudamérica también existen modelos diversos: desde la reducción del Estado impulsada por Argentina hasta una mayor intervención estatal en Brasil.
Sin embargo, en Bolivia, durante los últimos veinte años no se produjo ninguna alternancia pendular. Por el contrario, se profundizó un modelo de estatización y centralización extrema, caracterizado por numerosas empresas estatales administradas con ineficiencia, pérdidas y déficits permanentes, mientras el sector privado quedó relegado a un papel secundario.
Para comprender este fenómeno, resulta útil revisar algunos rasgos económicos del Imperio Incaico antes de la llegada de los españoles. El Estado inca se caracterizaba por una centralización casi absoluta. No existían moneda ni mercados libres; la producción, el almacenamiento y la distribución de bienes eran planificados por el poder central. Desde el Cusco, el Inca y su élite controlaban la administración política y económica mediante funcionarios encargados de hacer cumplir sus disposiciones.
Las tierras, los rebaños y las minas pertenecían al Estado. Las comunidades podían utilizar determinadas parcelas, pero no poseían derechos de propiedad sobre ellas. Tampoco existía un comercio privado desarrollado ni un mercado libre. La organización laboral descansaba en tres pilares: el ayni, basado en la ayuda mutua; la minka, trabajo comunitario para obras colectivas; y la mita, trabajo obligatorio destinado a actividades militares, mineras o de infraestructura. Los bienes producidos eran almacenados en depósitos estatales para su posterior redistribución.
Ante estos antecedentes históricos, surge una pregunta: ¿debería sorprender el fuerte estatismo observado durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce? ¿Resulta extraño que se haya promovido una extensa red de empresas públicas bajo una lógica centralizadora?
Con la independencia, Bolivia heredó instituciones procedentes de la tradición española. Aunque el sistema colonial también era centralizado y monárquico, introdujo elementos económicos diferentes. Existía propiedad privada, títulos de tierras, actividad comercial y la posibilidad de comprar, vender, heredar, hipotecar y alquilar bienes.
Los habitantes dejaron de ser súbditos para convertirse, con el tiempo, en ciudadanos. Los llamados "vecinos" participaban en los cabildos locales, mientras que los títulos reales permitían transformar tierras de la Corona en propiedad privada. Aunque persistían restricciones comerciales y privilegios propios de la época, el derecho propietario individual formaba parte esencial de ese sistema.
Este análisis no pretende ser racial ni étnico. El problema radica en una visión estatista que sigue presente en ciertos sectores de la sociedad. Actualmente existen millones de bolivianos, sean aymaras, quechuas, chapacos o habitantes del oriente, que consideran que el progreso surge del trabajo, el emprendimiento, el comercio y la industria. Como sostenía Adam Smith, la riqueza es generada por el esfuerzo productivo de las personas y sus familias, no por el centralismo estatal. El ciudadano libre, mediante su iniciativa y capacidad individual, es el principal creador de bienestar económico.
La dificultad histórica para reconciliar estas dos visiones ha marcado buena parte de la historia boliviana. Desde los levantamientos indígenas liderados por Túpac Katari y Bartolina Sisa hasta los conflictos contemporáneos, han persistido tensiones entre modelos económicos y culturales distintos.
Según esta interpretación, los actuales bloqueos y cercos responden a una combinación de tres factores: discursos identitarios de carácter étnico-cultural, propuestas económicas de fuerte contenido estatista y sindicalista, y la influencia del narcotráfico y el crimen organizado transnacional. El resultado es una estrategia de presión basada en el estrangulamiento económico y social del país, con el objetivo de forzar cambios políticos.
Frente a este escenario, diversos mecanismos de cooperación regional e internacional buscan fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado mediante asistencia tecnológica, inteligencia y coordinación entre Estados.
Bolivia se encuentra nuevamente ante una encrucijada histórica. La disyuntiva, según esta visión, consiste en decidir entre profundizar un modelo de libertad económica y fortalecimiento institucional o retornar a esquemas de centralización que han marcado distintas etapas de su pasado.
¿Quo Vadis, Bolivia?
*Babson ’82, ex catedrático universitario
