En medio de la creciente preocupación por la crisis, tras más de un mes de bloqueos que cercan a las ciudades de La Paz y El Alto, el gobierno evitó fijar una fecha para el restablecimiento de la normalidad y trasladó la responsabilidad de esa respuesta a los sectores movilizados.
“Creo que lo correcto es trasladar esa pregunta a los que están bloqueando. Hay que preguntarles también: ¿hasta cuándo quieren castigar al pueblo boliviano para imponer sus ideas?”, declaró el vocero presidencial José Luis Gálvez en conferencia de prensa.
Las declaraciones se producen en medio de un prolongado desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos médicos, además de denuncias de distintos sectores productivos, empresariales y sociales que advierten sobre el deterioro de la economía y el impacto en la población.
Sin fecha para volver a la normalidad
Aunque el gobierno aseguró que trabaja para resolver el conflicto, Gálvez no estableció un plazo concreto para la recuperación de la normalidad ni para el levantamiento de los bloqueos que afectan principalmente a La Paz y El Alto.
El vocero defendió la estrategia asumida por el Ejecutivo y señaló que el presidente Rodrigo Paz ha privilegiado el diálogo como mecanismo para alcanzar acuerdos. “Lo que nosotros hemos hecho, de acuerdo con la Constitución y con el ejercicio democrático, ha sido siempre agotar hasta la última instancia posible. Las puertas del diálogo siempre van a estar abiertas porque esa es la forma de resolver los problemas”, afirmó.
Pese a insistir en la vía del diálogo, Gálvez sostuvo que existen límites y recordó que el Ejecutivo analiza herramientas constitucionales que podrían aplicarse si la situación persiste. “El presidente lo expresó en su momento: ‘vengan al diálogo’. Todo tiene un límite, pero vamos a acudir, de ser necesario, a las herramientas que la Constitución nos da”, manifestó, y defendió el proyecto de ley sobre estados de excepción que fue remitido recientemente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y cuya aprobación es considerada clave por el gobierno para habilitar eventuales acciones extraordinarias.
El vocero explicó que las medidas de excepción requieren una regulación específica mediante una ley y que por esa razón el Ejecutivo presentó una propuesta al legislativo. Dijo aguardan una respuesta rápida de los legisladores para contar con un instrumento jurídico que permita actuar en caso de que las circunstancias lo requieran. “Esperamos una respuesta pronta para que ese instrumento esté normado y, de ser necesario, se pueda implementar contra aquellos que son violentos, contra quienes están agrediendo a la población y limitando los derechos de la mayoría”, afirmó.
Más temprano, el Senado confirmó que este jueves, feriado de Corpus Christi, sesionarán para tratar este proyecto.
