La decisión de Estados Unidos de declarar al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas marca un punto de inflexión para toda Sudamérica. Sin embargo, pocos países están tan involucrados con esta determinación como Bolivia. Durante años, las autoridades nacionales minimizaron o negaron la creciente presencia de estas estructuras criminales en territorio boliviano. Hoy, los hechos hablan por sí solos: capos buscados por la justicia brasileña, uruguaya e internacional encontraron en Bolivia un refugio seguro para vivir, operar y expandir sus negocios ilícitos.
Los antecedentes son contundentes. Sebastián Marset construyó en Bolivia una plataforma logística para el tráfico internacional de cocaína y logró obtener documentos falsos con ayuda de funcionarios públicos. Marcos Roberto de Almeida, alias “Tuta”, uno de los máximos líderes del PCC, fue capturado en Santa Cruz mientras renovaba documentación boliviana fraudulenta. Sérgio Luiz de Freitas Filho, otro alto mando del PCC, vivió más de una década en el país bajo identidad falsa, moviéndose entre condominios de lujo sin ser molestado. La lista continúa con Gerson Palermo, Kléber Nóbrega Pereira, “Toro”, “Kekeu” y otros líderes criminales que encontraron en Bolivia algo más que una simple ruta del narcotráfico: encontraron protección.
La propia autoridad antidrogas boliviana reconoce que Bolivia ha sido y sigue siendo refugio de narcotraficantes. No se trata de una acusación de la oposición ni de una campaña internacional. Es una admisión oficial. Y cuando Estados Unidos clasifica como terroristas a organizaciones que han operado cómodamente dentro de nuestras fronteras, la pregunta deja de ser policial para convertirse en geopolítica.
Washington ya no observa al narcotráfico únicamente como un problema criminal. Lo considera una amenaza a la seguridad nacional. Esa visión ha llevado a una creciente cooperación con Brasil, México y otros países para perseguir a estas organizaciones más allá de sus fronteras. Bolivia, además, forma parte de acuerdos regionales de seguridad y ha restablecido vínculos de cooperación con la DEA. En consecuencia, cualquier señal de tolerancia, complicidad o protección hacia estructuras asociadas al PCC o al Comando Vermelho puede generar consecuencias diplomáticas, financieras y políticas de enorme magnitud.
La obtención sistemática de documentos falsos, la infiltración en instituciones públicas, la facilidad para movilizar dinero y la permanencia durante años de delincuentes buscados internacionalmente revelan la existencia de redes de protección que trascienden a los propios narcotraficantes. Son estructuras políticas, sindicales, policiales y burocráticas que han permitido que Bolivia se convierta en un santuario criminal.
Las mismas estructuras de poder que durante años coexistieron con estas redes ilícitas continúan activas e influyentes. La estabilidad democrática del país depende también de desmantelar esos mecanismos de protección que permitieron al crimen organizado penetrar espacios estratégicos del Estado.
Estados Unidos ha puesto bajo la lupa al PCC y al Comando Vermelho. Pero inevitablemente, también ha puesto bajo la lupa a los países que les sirvieron de refugio. Bolivia aparece hoy en ese radar. La cuestión ya no es si el mundo observa. La cuestión es qué encontrará cuando mire con mayor profundidad.
