Los hechos violentos que suceden demuestran la sorprendente capacidad instalada para producir vandalismo: destrozos, incendios, agresiones físicas y pánico provocado por turbas exasperadas; todo un ambiente infernal.
Ante la violencia desproporcionada que se ha hecho flagrante y, al no existir represión armada, la sociedad, y sobre todo el gobierno, están frente al desafío de erradicar la cultura de la violencia y la idolatría al bloqueo como un derecho. Para ello, será necesario incorporar en sus planes, tanto a corto como a largo plazo, una educación ciudadana integral.
Se trata de un enorme trabajo generacional que implica comprender el origen del bandidaje —urbano y rural—, sintonizar las frecuencias apropiadas (idiomas, creencias, memoria histórica y recompensas esperadas) para entender esas razones y ser entendidos en las propias, hasta conseguir que los violentos facciosos comprendan que el beneficio, aleatoriamente pretendido, no justifica ni compensa el daño consumado.
Esto comienza con la adopción de políticas públicas expresas, la creación de organismos dedicados a ese propósito, la utilización de los medios de difusión que tiene el Estado y el dictado de normas legales de respaldo. Luego, corresponde enfocarse en los contenidos del pensamiento dogmático, en la percepción equivocada de los hechos y en adecuarlos a la conducta colectiva de un país que busca el orden; dejar establecido que no siempre el fin que se persigue justifica los medios utilizados.
A fin de avanzar con más premura, se debe evitar la intromisión de los políticos sabelotodo; para eso están los sociólogos, psicólogos e incluso antropólogos. A ellos les corresponde averiguar si la violencia en Bolivia es asunto de genética, educación recibida, conducta aprendida o reacción natural ante estímulos externos, como la exclusión social. ¿Qué tienen que ver la etnia, el género, los ingresos económicos o la ideología? ¿Qué papel han desempeñado el adoctrinamiento y la posverdad, ese entorno social vigente desde hace veinte años? Y no solo eso: también corresponde escoger, al mismo tiempo, estrategias psicosociales que permitan encarar técnica y profesionalmente estos asuntos, y proponer acciones para un cambio sustancial de conducta.
Porque, en estos casos, invocar el raciocinio en quienes lo tienen perdido —empeñado o vendido— es como querer abrir surcos en el agua. Más aún, perfeccionar la táctica de los operativos policiales y dotarlos de pertrechos antimotines para disuadir y reprimir equivale a aceptar por anticipado que el vandalismo será perdurable. Por otro lado, permitir que la violencia y el vandalismo permanezcan latentes mientras no causen daño al gobierno constituye una resignación cobarde.
Otros dogmatismos estimularon esas pasiones por conveniencia ideológica; ahora corresponde desmantelar esa estructura distorsionada y dejar como legado un futuro de conducta cívica envidiable.
Controlar la violencia únicamente mediante la instrucción, la persuasión y la generación de una conciencia sólida es más difícil y exige un esfuerzo constante. Sin embargo, el tiempo dirá que valió la pena el empeño y el dinero invertido.
Finalmente, y por si quedara alguna duda, el vandalismo es un mal ejemplo que contamina la escala de valores éticos, incrementa el riesgo de que las generaciones venideras aprendan que es una herramienta válida y terminen convirtiéndose en los agresores violentos del futuro; algo que Bolivia no merece.
