Bolivia no vive solo una crisis social y
política. Los bloqueos, las rutas cortadas, la escasez inducida, la presión
sobre hospitales y la amenaza de desabastecimiento forman parte de una
tecnología de poder que Evo Morales conoce mejor que nadie: asfixiar al
gobierno hasta forzarlo a ceder.
El error de muchas democracias
latinoamericanas es interpretar estos episodios con la ingenuidad de creer que
toda movilización callejera es una expresión pura de descontento popular.
Bolivia atraviesa una crisis económica real, pero una cosa es el malestar
social y otra muy distinta un poder paralelo utilizado para destruir la
gobernabilidad. Detrás de los disturbios no actúa solo la protesta política:
también opera el crimen organizado que se resiste a perder el control del país.
Evo Morales construyó su carrera en la
frontera entre la política institucional y el crimen. Nunca fue únicamente un
líder indígena o sindical. Desde el inicio fue el operador de una estructura de
poder asentada en el Chapare, en la economía de la coca y en la disciplina de
los sindicatos cocaleros. Transformó bloqueos, marchas y violencia en
herramientas permanentes de negociación política. Durante casi 14 años como
presidente, nunca dejó de ser el líder de las organizaciones productoras de coca,
base de la materia prima para la producción de cocaína.
Y llegó al poder utilizando el mismo método
que hoy emplea para intentar desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz. En
2003, Gonzalo Sánchez de Lozada cayó tras semanas de protestas y represión. En
2005, Carlos Mesa también terminó cercado por bloqueos y movilizaciones.
Morales entendió antes que nadie que, en un Estado débil, la calle podía
reemplazar a las instituciones. Aprendió que un presidente podía caer si el
país era paralizado con suficiente intensidad y convirtió esa lección en
doctrina.
Una vez en el poder, transformó la presión
callejera en arquitectura institucional. Reformó la Constitución, modificó
símbolos nacionales, capturó tribunales y debilitó los contrapesos
democráticos. El MAS no gobernó como un partido tradicional, sino como una
maquinaria de ocupación política, territorial y simbólica.
Pero el aspecto más incómodo de esta historia
no está en la ideología, sino en el crimen organizado.
Durante años, América Latina trató al narcotráfico
como un problema policial. Luego, como una economía ilícita. Hoy ambas
categorías resultan insuficientes. En algunos países, el crimen dejó de
corromper al Estado desde afuera y pasó a formar parte de él. En Bolivia, las
instituciones comenzaron a ejercer funciones propias de una estructura
criminal.
Eso es lo que he llamado “Estado narco”: no un
gobierno infiltrado por narcotraficantes, sino la conversión de capacidades
estatales —diplomáticas, policiales, militares y logísticas— en herramientas funcionales
a una economía criminal con objetivos políticos.
En mi libro “Hugo Chávez, el Espectro” sostuve
que el chavismo no era solo un proyecto venezolano, sino una matriz regional
que combinaba ideología, inteligencia cubana, narcotráfico y desestabilización.
En ese esquema, Bolivia ocupó un lugar clave: el punto donde la coca, las redes
sindicales y el poder revolucionario se encontraron.
Evo Morales enfrenta hoy procesos judiciales
en Bolivia y sabe que sobre él pesa la amenaza de una eventual extradición a
Estados Unidos. Para protegerse a sí mismo y a la estructura que sostuvo su
poder, necesita generar inestabilidad extrema y aumentar la presión sobre el
gobierno.
La crisis actual debe entenderse desde ese
trasfondo. Rodrigo Paz heredó un país quebrado, con escasez de combustible,
falta de dólares e instituciones deformadas por años de clientelismo. Pero
además tomó una decisión sensible: restablecer la cooperación con la DEA y
reactivar vínculos de inteligencia internacional.
Por eso, la disputa boliviana no es solo
económica. Es una lucha por el control del sistema operativo del Estado. De un
lado, un gobierno débil obligado a administrar la emergencia; del otro, una red
de sindicatos, cocaleros, operadores políticos y estructuras criminales que saben
cómo paralizar un país.
Evo Morales ya no tiene el poder absoluto de
antes, pero conserva algo decisivo: el conocimiento del método. Sabe cómo
convertir una causa social en bloqueo, el bloqueo en crisis y la crisis en
chantaje político.
Bolivia se ha convertido así en el laboratorio
de una pregunta central para América Latina: ¿puede una estructura
narcopolítica perder el poder por la vía electoral sin incendiar el país?
La débil institucionalidad boliviana no enfrenta solo una protesta. Enfrenta una maquinaria de desestabilización que aprendió a esconder el crimen detrás de la revolución.
*Leonardo Coutinho es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, en Washington D.C.
