La dimensión que alcanzó el narcotraficante Sebastián Marset no se explica únicamente por la astucia criminal ni por la debilidad institucional de la región. Su crecimiento fue directamente proporcional a la permisividad que encontró en Bolivia durante los años del MAS. Resulta imposible comprender cómo una estructura pudo ejecutar 961 vuelos ligados al narcotráfico desde territorio boliviano sin complicidades, protección política o, al menos, una alarmante indiferencia estatal. Mientras el país era sometido a un discurso ideológico permanente, las mafias encontraron pistas clandestinas, rutas liberadas y un sistema incapaz —o desinteresado— de frenarlas. Por eso hoy existe tanta incomodidad entre sectores vinculados al narcotráfico ante el retorno de la DEA a Bolivia. La captura de Marset y el golpe económico a su organización demuestran que, cuando existe cooperación internacional y decisión política, las estructuras criminales sí pueden ser afectadas. El problema es que muchos intereses quedaron expuestos. No es casual que grupos radicalizados intenten desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz. Detrás del discurso político también existen intereses económicos oscuros que perdieron protección y privilegios.