El Gobierno de Chile enfrenta una creciente controversia por un proyecto de ley que busca obligar a hospitales, colegios y otras instituciones públicas a entregar información confidencial sobre migrantes en situación irregular para facilitar procesos de expulsión del país.
La iniciativa, actualmente en debate en el Parlamento chileno, forma parte de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast, quien ha endurecido su política migratoria desde el inicio de su mandato.
El proyecto pretende acelerar la identificación y deportación de inmigrantes indocumentados mediante el acceso estatal a datos proporcionados por centros de salud, establecimientos educacionales y organismos públicos vinculados a servicios sociales.
Sin embargo, la propuesta ha generado tensiones dentro del propio gobierno. La ministra de Salud expresó reparos sobre la legalidad y las consecuencias de la medida, argumentando que podría impedir que miles de migrantes accedan a atención médica y otros beneficios básicos.
Diversos especialistas alertaron que la iniciativa podría provocar un efecto contrario al esperado. El director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, sostuvo que la norma no reduciría la migración irregular, sino que la volvería más invisible y precaria.
Ramaciotti advirtió que muchas personas evitarían acudir a hospitales, escuelas y servicios públicos por temor a ser denunciadas ante las autoridades migratorias, aumentando así su dependencia de redes informales y debilitando los mecanismos de integración social.
El especialista señaló además que la salida de miles de personas del sistema de salud y educación afectaría no solo a las familias migrantes, sino también al conjunto del país, especialmente en áreas relacionadas con salud pública, seguridad y cohesión social.
La Defensoría de la Niñez también manifestó su rechazo al proyecto y advirtió que la obligación de entregar datos personales pondría en riesgo a menores de edad y vulneraría principios de protección infantil.
Según sus críticos, la propuesta transformaría instituciones destinadas a la protección social en herramientas de control migratorio, debilitando la confianza de comunidades extranjeras en el Estado chileno.
El gobierno de Kast ha impulsado en los últimos meses una agenda migratoria más estricta, centrada en el control fronterizo y la expulsión de personas en situación irregular. Durante la campaña presidencial, el mandatario prometió expulsar a más de 300.000 inmigrantes indocumentados.
Como parte de esa política, la administración chilena también promovió la construcción de barreras físicas en tres regiones del norte del país para frenar el ingreso de migrantes por pasos fronterizos no habilitados.
El debate legislativo se desarrolla en un contexto de creciente polarización política en Chile respecto a la migración, la seguridad y el rol del Estado frente al aumento del flujo migratorio registrado en los últimos años
