El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra la Dirección de Inteligencia de Cuba y nueve altos funcionarios vinculados al régimen de Miguel Díaz-Canel, en una medida impulsada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.
Las sanciones incluyen el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, además de restricciones para realizar operaciones financieras y comerciales con personas y organismos vinculados al aparato estatal cubano.
Entre los funcionarios alcanzados figuran la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; el ministro de Energía, Vicente de la O Levy; y el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, según detalló el comunicado oficial difundido por Washington.
La lista también incorpora a Roberto Tomás Morales Ojeda, miembro de la cúpula política del régimen; Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional; el general Joaquín Quintas Solá; Eugenio Armando Rabilero Aguilera; Raúl Villar Kessell; Rosabel Gamón Verde y José Miguel Gómez del Vallín.
Además, el Departamento del Tesoro actualizó sanciones previamente impuestas contra organismos de seguridad cubanos, entre ellos el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria, reforzando así las restricciones sobre estructuras consideradas clave para el control político interno.
Washington también modificó registros relacionados con Oscar Alejandro Callejas Valcarce y Eddy Manuel Sierra Arias, funcionarios asociados a la Policía Nacional Revolucionaria, quienes quedaron nuevamente bajo sanciones amparadas en la orden ejecutiva “CUBA-EO14404”.
Las nuevas medidas forman parte de una estrategia de presión política y económica impulsada por la administración estadounidense contra el régimen comunista, en medio de un creciente deterioro de las relaciones bilaterales entre ambos países.
En paralelo, la OFAC publicó la Licencia General 134C, que actualiza una autorización temporal para operaciones vinculadas a petróleo ruso cargado antes del 17 de abril de 2026. El documento permite ciertas transacciones hasta el 17 de junio, pero excluye expresamente cualquier operación relacionada con Cuba.
La normativa señala que “no autoriza ninguna transacción que involucre a una persona ubicada o constituida bajo las leyes de la República de Cuba”. Asimismo, mantiene prohibiciones relacionadas con Irán, Corea del Norte y territorios ocupados de Ucrania.
La actualización fue firmada por Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y entró oficialmente en vigor el 18 de mayo de 2026.
El anuncio se produjo un día después de que Miguel Díaz-Canel advirtiera que una eventual acción militar estadounidense contra Cuba provocaría un “baño de sangre” y consecuencias “incalculables” para la estabilidad regional. El mandatario cubano rechazó además versiones sobre presuntos planes militares atribuidos a La Habana.
La tensión bilateral se desarrolla en medio de una profunda crisis económica en la isla. Tras la interrupción de suministros energéticos provenientes de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro en enero, Cuba enfrenta una grave escasez de combustible y prolongados cortes eléctricos, situación que incrementó la preocupación y el malestar social entre la población.
