Cada vez que Bolivia entra en crisis, reaparece con fuerza una vieja dicotomía que atraviesa la historia nacional: el país que produce frente al país que bloquea; el país que trabaja frente al país que exige; el país que genera riqueza frente al país que vive esperando que el Estado reparta lo que otros producen. Esa fractura no es nueva, pero hoy se ha vuelto más evidente que nunca. Y detrás de ella existe un actor del que se habla poco, pero que ha sido determinante en las últimas décadas: los intelectuales del fracaso.
Son aquellos que, desde universidades, ONG, medios de comunicación o espacios académicos, han construido el relato ideológico que justificó el estatismo, el corporativismo y la dependencia estatal. Son los que durante años romantizaron la pobreza, glorificaron el bloqueo, elevaron a dogma la confrontación social y presentaron al empresario, al productor y al emprendedor como enemigos del pueblo. Fueron ellos quienes le dieron sustento teórico al MAS y a la idea de que el Estado debía convertirse en el gran distribuidor de riqueza, aunque nunca hubiese sido capaz de generarla.
El resultado: un país paralizado, empobrecido, dependiente y atrapado en la lógica de la demanda permanente. Un país donde demasiados sectores creen que progresar consiste en presionar al Estado para obtener privilegios, subsidios o cuotas de poder. Y cuando el Estado ya no puede repartir porque la economía colapsa, entonces llegan los bloqueos, las amenazas y la asfixia nacional.
La otra Bolivia tiene su mayor expresión en Santa Cruz, una región que, con todos sus defectos y contradicciones, logró construir un modelo económico más abierto, más diversificado y más conectado con la lógica del trabajo y la productividad. No es un modelo ideal ni exento de críticas, pero los resultados son innegables.
Los intelectuales del fracaso insisten en desacreditar ese modelo. Hoy utilizan como argumento el auge exportador de la minería en Potosí y La Paz para relativizar el llamado “modelo cruceño”. Pero ahí caen en una contradicción profunda: defienden precisamente el modelo extractivista, centralista y primario-exportador que históricamente mantuvo a Bolivia en la pobreza.
La derogación de la Ley 1171 es otro ejemplo alarmante. Esa norma buscaba facilitar el acceso al crédito y modernizar parcialmente al pequeño productor rural. Pero nuevamente aparecieron los operadores ideológicos del atraso, movilizando discursos emocionales y corporativos para impedir cualquier transformación estructural. El mensaje es devastador: el campesino debe seguir siendo pobre, dependiente y funcional al sistema político.
Bolivia no solo enfrenta una crisis económica. Enfrenta una crisis intelectual. Las ideas que dominaron el debate público durante décadas fracasaron, pero sus promotores siguen teniendo influencia. Continúan defendiendo el estatismo, el paternalismo y la confrontación social aun cuando el país se hunde. Bolivia no está únicamente atrapada por políticos incapaces, sino también por intelectuales que hicieron del fracaso una doctrina.
Son quienes, desde universidades, ONG, medios y espacios académicos, construyeron el relato que justificó el estatismo, el corporativismo y la dependencia estatal. Romanticaron la pobreza, glorificaron el bloqueo y presentaron al empresario y al productor como enemigos del pueblo. También dieron sustento teórico al MAS y a la idea de que el Estado debía distribuir riqueza, aunque nunca supo generarla.
