«Ustedes me llaman Maestro y Señor; y tienen razón, porque lo soy» (Juan 13, 13).
Según la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), existen 16 empresas estatales —incluyendo BoA— que trabajan a pérdida y registran déficits acumulados por 2.655 millones de bolivianos, con un patrimonio negativo de 1.901 millones de bolivianos. De 67 empresas estatales, solo tres generan ganancias: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB, con sus combustibles sucios), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y COMIBOL (minería).
El Código Penal de Bolivia, en su artículo 224 sobre Conducta Antieconómica, estipula: “La servidora, servidor, empleada o empleado público que, hallándose en el ejercicio de cargos directivos o de similar responsabilidad en instituciones o entidades públicas o empresas estatales, por manifiesta mala administración o dirección técnica, cause daños al patrimonio de ellas o a los intereses económicos del Estado, será sancionada con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años e inhabilitación”.
¿Acaso no debería aplicarse esta ley a todos los gobiernos del MAS y a todas las empresas estatales de Bolivia que han ocasionado estas pérdidas millonarias? Asimismo: ¿cuánto dinero han robado de forma directa al pueblo boliviano por la ineficiencia y la corrupción de funcionarios de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales?
En vez de incurrir en conductas antieconómicas, deberían cumplir con el artículo 77 de la Constitución Política del Estado (CPE): “La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”. Deben invertir esos millones en nueva infraestructura educativa y en sueldos dignos para los docentes y administradores. Aquí en San Ignacio, el pasado 30 de abril, fuimos testigos de las marchas de los maestros rurales y urbanos.
Al estudiar las estadísticas del Ministerio de Educación, el impacto de los colegios de convenio y privados parece ser subestimado. La Diócesis de San Ignacio opera apenas el 8% de las unidades educativas; sin embargo, estas 60 instituciones concluyeron la gestión 2025 con 14.592 estudiantes, es decir, el 20% de los alumnos de las provincias Velasco, Sandoval, Chiquitos y Busch. Francamente, quisiera anunciar el cierre de todos estos colegios para convertir su infraestructura en centros de formación pastoral y catequesis. ¿Para qué gastar el escaso dinero de la Iglesia en arreglar colegios mientras el Estado mantiene cerrada la Normal Católica y no nos permite elegir nuestro personal administrativo ni docente, ni siquiera para la asignatura de Religión?
En estas condiciones, ¡el “COLEGIO DE CONVENIO” es una GRAN MENTIRA!
No voy a subvencionar la educación de un país cuyos gobiernos despilfarran sistemáticamente los fondos que deberían invertirse en la “función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado”, solo para mantener a sus incompetentes y corruptos empresarios estatales.
Mi indignación es aún mayor porque he estudiado los contenidos anti-Iglesia y antifamilia del PROFOCOM (Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en Ejercicio) y del Currículo Educativo del Ministerio de Educación.
El Divino Maestro advertía a sus discípulos: «Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas… Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa» (Lucas 12, 35-40).
Estuvimos dormidos. Vino el MAS, tomó el Gobierno, perforó las paredes de la casa y robó la educación católica y nuestros valores humanos y cristianos de los colegios de convenio. Cerró la Normal Católica con la nefasta Ley 070 "Avelino Siñani - Elizardo Pérez" y no hicimos nada. Esa ley es la corona de espinas en la cabeza del Señor crucificado para burlarse de Jesús, el Divino Maestro. En realidad, el ladrón fue Satanás y sigue robándonos.
Quisiera dar un ultimátum: o se abroga la Ley de Educación 070 y se permite la reapertura de la Normal Católica, o iniciaré el proceso de cierre de todos los colegios de convenio en mi diócesis, obligando al Gobierno a construir nuevos planteles. O se otorga a la Iglesia local la facultad de nombrar al personal docente y administrativo en los colegios de convenio, o daré otra finalidad a estos inmuebles.
En todo caso, seguiremos en diálogo, porque somos Iglesia y no un sindicato. Pero, mientras tanto, no realizaré mejoras en la infraestructura de los colegios de convenio propiedad de la Diócesis de San Ignacio, ni permitiré que otros lo hagan.
Si hay intentos de expropiación u otras medidas de presión contra la Diócesis o mi persona, invocaré el canon 1374 del Código de Derecho Canónico: “Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa; quien promueve o dirige esa asociación, ha de ser castigado con entredicho”, aunque esta asociación sea el Gobierno mismo. El entredicho equivale a la excomunión; sepa el Estado que esto está avalado por el tratado internacional vigente entre el Estado Plurinacional y la Santa Sede, y los tratados internacionales están por encima de las leyes nacionales según el artículo 410 de la CPE.
Aprovecho para comentar brevemente sobre los paros y marchas del magisterio. Observo que utilizan como símbolo en sus pancartas al asesino Ernesto "Che" Guevara, quien vino a Bolivia a matar jóvenes soldados por su tonta revolución. Con frecuencia veo en la Chiquitania a alumnos de escuelas rurales caminando a casa a las 11:00 de la mañana; por ello, en vez de bonos, quizás habría que multarlos con el 20% de su haber por no cumplir el horario escolar. ¿Qué tal determinar el sueldo de los profesores según el nivel de aprendizaje que alcancen sus alumnos? ¿Para qué gastar en maestros si, después de doce años, los alumnos no tienen comprensión lectora ni pueden escribir con gramática y ortografía correctas? Además, al realizar no solo paros, sino bloqueos de caminos —medida ilegal, anticonstitucional y violenta—, los maestros demuestran su falta de idoneidad para formar a niños y adolescentes.
Mucho mejor sería un auténtico colegio de convenio católico, con los valores del Divino Maestro; precisamente lo que el Movimiento al Socialismo quiso destruir con su malvada Ley 070.
El Rey dirá a los de la izquierda: «Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles» (Mt 25, 41). Así será para los que defienden la Ley 070. «Los justos a la vida eterna» (Mt 25, 46). Así será para quienes cambien esa ley y devuelvan a la Iglesia su merecido rol en la educación.
Dios los bendiga.
