El sábado 9 de mayo, Cochabamba fue escenario de un gran despliegue retórico. Más de 600 autoridades —gobernadores, alcaldes, legisladores y representantes sociales y empresariales— participaron en el denominado “Acuerdo Nacional para la Estabilidad y las Reformas”, convocado por el presidente Rodrigo Paz con la promesa de sentar las bases del futuro del país.
El mandatario afirmó que “la patria es el futuro, no el pasado”. La frase suena bien, pero dejó de lado algo esencial: el presente institucional y legal del país. Porque, mientras se hablaba de coordinación y reformas, se ignoró el principal mecanismo jurídico creado precisamente para articular al Gobierno central con las entidades territoriales autónomas.
El artículo 121 de la Ley N.º 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, establece mecanismos claros de coordinación intergubernamental. El principal es el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), diseñado para reunir al Gobierno central con gobernadores, alcaldes y autoridades indígenas. A ello se suman el Servicio Estatal de Autonomías (SEA), los Consejos de Coordinación Sectorial, la planificación integral del Estado y los convenios intergubernativos.
Sin embargo, ninguno de esos instrumentos fue mencionado en la cumbre. El artículo 124 de la misma ley establece que el CNA debe reunirse al menos dos veces al año y que sus acuerdos deben traducirse en convenios vinculantes. Tiene reglamento, estructura y secretaría técnica. Lo que parece no tener es voluntad política para activarlo.
Lo ocurrido en Cochabamba no fue una sesión formal del CNA, sino una convocatoria discrecional del Ejecutivo, sin mecanismos legales activados, sin actas vinculantes y sin compromisos jurídicos concretos. Hasta ahora, los resultados se reducen a anuncios y conformación de comisiones.
El sociólogo Max Weber distinguía tres tipos de autoridad legítima: tradicional, carismática y racional-legal. En los Estados modernos, la estabilidad depende de esta última, basada en normas e instituciones. Cuando un presidente convoca una cumbre nacional ignorando los mecanismos previstos por ley, deja de apoyarse en la institucionalidad y se desplaza hacia una legitimidad basada únicamente en la voluntad política del momento.
Weber advertía que ese tipo de autoridad se desgasta rápidamente porque depende de personas y no de instituciones. Y las personas pasan; las instituciones deberían permanecer.
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando el mismo Gobierno anuncia demandas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional contra artículos de la Ley de Autonomías por considerarlos “candados” para la gestión, mientras incumple simultáneamente las disposiciones de esa misma norma que facilitan la coordinación intergubernamental. La lógica es simple: si la ley incomoda, se la reforma; mientras tanto, se la cumple.
El politólogo Albert Hirschman describía la “trampa del discurso de la intransigencia”: reciclar diagnósticos dramáticos como sustituto de políticas concretas. Decir que “el país está quebrado” o que existe una “fractura institucional” puede generar impacto político, pero no resuelve problemas reales.
El presidente llegó a Cochabamba anunciando diez proyectos de ley. Sin embargo, proyectos no son políticas ejecutadas. Deben atravesar procesos legislativos, reglamentaciones y consensos. Mientras tanto, siguen sin respuesta preguntas urgentes: ¿qué hará el municipio que no puede pagar salarios?, ¿qué ocurrirá con las gobernaciones con proyectos paralizados?, ¿cómo y cuándo llegarán los recursos prometidos a las regiones?
Una cumbre sin actas vinculantes, sin plazos, sin indicadores y sin mecanismos de rendición de cuentas no constituye gobernanza efectiva. Es, sobre todo, un acto simbólico.
Si el Gobierno realmente quiere transformar la cumbre de Cochabamba en un hito histórico, el camino ya está trazado desde 2010: convocar formalmente al CNA, activar los consejos sectoriales, firmar convenios intergubernativos medibles y fortalecer el SEA como instancia técnica de seguimiento.
Bolivia no necesita más diagnósticos sobre la crisis. El país ya conoce sus problemas. Lo que necesita es que la legalidad deje de ser un discurso y se convierta en una práctica cotidiana del poder.
Cochabamba fue un gran encuentro político. Ahora falta lo más importante: que los anuncios se conviertan en acuerdos, los acuerdos en decretos y los decretos en resultados concretos para la población. Mientras eso no ocurra, la cumbre será apenas otra fotografía de promesas en la larga historia política boliviana.
