
El transporte pesado de carga contabiliza al menos $us 9 millones en pérdidas a consecuencia de los bloqueos. Sin embargo, el aspecto más crítico es la situación de los miles de choferes detenidos en las carreteras sin alimentos, servicios básicos ni atención médica, por lo que es necesaria "una tregua para que lleguen a sus destinos", informó el presidente de la Cámara de Transporte de La Paz, Álvaro Ayllón.
“Pedimos que todas las poblaciones que están bloqueando hoy nos den una tregua. Vamos a cursar las notas correspondientes a las autoridades comunales para pedirles el favor de que todos estos transportistas puedan llegar a su destino; son nueve días parados. Imagínense vivir en las cabinas sin alimentos, atención médica ni agua; realmente es inhumano”, afirmó.
Los choferes y sus camiones se encuentran varados en diferentes vías que conectan a La Paz con el resto de Bolivia, Perú y Chile, lo que genera importantes perjuicios económicos al no poder llevar la carga de exportación e importación a sus destinos.
El sector campesino bloquea desde hace nueve días y la extrema medida de presión se ha tornado violenta en algunas zonas. Los choferes se ven obligados a dormir en sus camiones en medio de condiciones climatológicas extremas, ya sea con temperaturas bajo cero o muy elevadas, dependiendo de dónde hayan quedado impedidos de seguir su camino.
Ayllón aseguró que es crítica la situación que viven sus afiliados en las rutas ante la falta de sensibilidad de los movilizados, por lo que anunció que una comisión se dirigirá a los puntos de bloqueo con ayuda humanitaria y una ambulancia para mitigar la difícil situación de los conductores.
“Nosotros estamos dispuestos a levantar nuestras banderas blancas para que nos den paso a todos los camiones que están en la ruta. Ellos no tienen la culpa, no han causado ningún tipo de mal o daño a sus poblaciones; entonces, no tenemos por qué castigarnos entre bolivianos”, afirmó en una entrevista con Bolivia Tv.
En el Legislativo está a punto de aprobarse la ley de abrogación de la Ley 1720 (de conversión de la pequeña propiedad agraria a mediana), principal demanda de los movilizados, aunque ahora estos también plantean la renuncia del presidente Paz. Ayllón espera que, con la abrogación de la norma, se levanten los bloqueos, pues, de lo contrario, se develará un trasfondo netamente político.
Las pérdidas económicas del sector ya alcanzan los $us 9 millones, un dinero que, según explicó el dirigente, es irrecuperable.