Existen diversas perspectivas sobre el ejercicio del poder. Sin embargo, antes de abordar cómo se ejerce, es necesario partir de una premisa: el poder no es un fin en sí mismo, es un medio; un instrumento para transformar la realidad, imponer decisiones y controlar la distribución de recursos. En política, quien detenta el poder define el rumbo del Estado, el destino de la riqueza y el futuro de la sociedad.
Desde esa perspectiva, pocos pensadores han reflexionado con tanta crudeza y realismo sobre el poder como Nicolás Maquiavelo. Alejándose de los clásicos griegos —que se concentraron más en la idea de cómo debería ser la política—, Maquiavelo intentó explicar cómo es realmente. Ahí radica la enorme trascendencia de El Príncipe (1513), quizá el manual más influyente jamás escrito sobre la conquista, conservación y ampliación del poder.
Su obra, elaborada a partir de una aguda comprensión de la naturaleza humana y de las luchas políticas de su tiempo, contiene consejos brutalmente sinceros para los gobernantes. Maquiavelo no escribe desde la moral religiosa ni desde la ingenuidad ética; escribe desde la lógica del poder. Y en esa lógica, no hay espacio para sentimentalismos cuando se trata de los enemigos políticos.
Para Maquiavelo, el enemigo no debe quedar con capacidad de revancha. Si el gobernante tiene el poder de neutralizarlo y no lo hace, el riesgo no solo persiste, sino que se multiplica. “El príncipe prudente debe pensar siempre en evitar aquellos males que son futuros”, advertía. La idea es sencilla: un gobernante no debe esperar a que el adversario se reorganice, se fortalezca o recupere su capacidad ofensiva. La amenaza debe ser neutralizada antes de que vuelva a crecer.
Por eso también despreciaba profundamente la indecisión. “La irresolución es siempre perjudicial”, señalaba. En política, la vacilación transmite debilidad. Dejar pasar oportunidades estratégicas puede convertirse en el principio del fin del gobernante. El poder, en consecuencia, exige decisión, cálculo y capacidad de anticipación.
Todas estas reflexiones resultan particularmente pertinentes para entender la política boliviana contemporánea y, sobre todo, la situación actual del gobierno de Rodrigo Paz. Hoy, el presidente enfrenta a un enemigo político que, aunque debilitado y sin control directo del aparato estatal, continúa al acecho: Evo Morales.
Morales no solo espera pacientemente; conspira permanentemente. Su objetivo es evidente: provocar convulsión social, acelerar el desgaste y acortar el mandato presidencial. Ese es, probablemente, el único camino que le queda para satisfacer su enfermiza obsesión de ser siempre candidato, de cualquier forma y a cualquier costo. Evo Morales, en términos políticos, ha demostrado ser incluso más “maquiavélico” que muchos de sus adversarios. No le interesan los costos institucionales ni económicos; si la convulsión favorece sus intereses, será promovida. Ya lo hizo muchas veces, dañando a mucha gente. “Bloqueo, sangre y renuncia” es su plan estratégico.
La historia reciente muestra con claridad cómo Morales entendió y ejerció el poder. Durante su primera gestión, para salir del denominado “empate catastrófico”, utilizó todo el aparato estatal para destruir a sus adversarios políticos. El denominado “Caso Terrorismo”, ampliamente cuestionado y denunciado como un montaje político, sirvió para desarticular a la oposición regional de Santa Cruz. Hubo persecuciones, encarcelamientos, exilios y una utilización abierta de la Policía, la Fiscalía y la justicia como instrumentos políticos.
Algo similar ocurrió con el caso Porvenir. Más allá de las distintas interpretaciones, el episodio terminó eliminando políticamente a otro importante núcleo opositor. Morales, Álvaro García Linera y Juan Ramón Quintana entendieron perfectamente que la consolidación del proyecto hegemónico del MAS requería neutralizar a los enemigos antes de que pudieran reorganizarse. Y lo consiguieron. Una vez destruida la oposición regional y debilitados los adversarios políticos, el MAS ingresó en su fase de hegemonía absoluta.
Después de la crisis de 2019 y del retorno del MAS al poder en 2020, el procedimiento fue exactamente el mismo. Utilizando nuevamente el control del aparato estatal y la narrativa del supuesto “golpe de Estado”, el Gobierno encarceló a Jeanine Áñez, Marco Pumari, Luis Fernando Camacho y a varios actores vinculados a la movilización de octubre y noviembre de 2019. La justicia volvió a convertirse en instrumento político.
Todo esto obliga también a revisar el breve gobierno de transición de Jeanine Áñez. A diferencia del MAS, aquel gobierno tuvo el poder, pero no supo ejercerlo estratégicamente. No desarticuló al adversario ni eliminó su capacidad de reorganización política. Permitió, por el contrario, la rápida rearticulación del masismo, facilitando su retorno electoral en 2020. Ahí radica una de las lecciones más duras del ejercicio del poder: no basta con conquistarlo; hay que saber preservarlo.
Hoy, Rodrigo Paz parece estar cometiendo el mismo error. Tiene el control formal del aparato estatal, pero da señales de indecisión frente a un enemigo que no ha abandonado jamás sus ambiciones de poder. Mientras el Gobierno vacila, Morales reorganiza fuerzas, articula alianzas y alimenta permanentemente la conflictividad social.
La historia boliviana demuestra que los enemigos políticos nunca desaparecen por sí solos. Si no son neutralizados políticamente, tarde o temprano retornan. A Rodrigo le queda poco tiempo. Para mantenerse en el poder, será determinante eliminar al enemigo. En política, los tiempos son cortos.
Ahora, si lo pierde, será uno de los primeros en huir raudamente, con el arrepentimiento “eterno” de no haber destruido al enemigo en su momento, siguiendo la lógica de Maquiavelo.
*El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón.
