Mientras en Cochabamba se desarrollaba el “Gran Encuentro Nacional”, con gobernadores, alcaldes, líderes políticos y empresarios hablando de reformas estructurales, federalismo, inversión y reconstrucción institucional, en la Cámara de Diputados se aprobaba la abrogación de la Ley 1720. Esa imagen resume mejor que cualquier discurso la tragedia boliviana: un país intentando construir y otro empeñado en destruir.
No es una contradicción accidental. Es la evidencia de que en Bolivia conviven dos proyectos irreconciliables. Uno quiere estabilidad, inversión, producción, propiedad, institucionalidad y reglas claras. El otro necesita el conflicto permanente, la dependencia política, la pobreza administrada y el control corporativo de la sociedad. Uno piensa en desarrollo; el otro sobrevive del caos.
Durante años, Santa Cruz fue señalada como “otro país”. Se la acusó de separatista, elitista, radical y ajena a la realidad nacional. Pero el tiempo terminó dándole la razón en algo fundamental: no se puede construir un país moderno mientras exista un aparato político, sindical y corporativo dedicado a sabotear cualquier posibilidad de progreso.
Hoy ya no es solamente Santa Cruz quien lo entiende. Lo entienden todos los que han visto cómo el MAS (ese proyecto nacional y supuestamente inclusivo) hizo trizas la nación. Ese “otro país” que antes era visto como una anomalía regional ahora empieza a convertirse en una conciencia nacional.
El verdadero “otro país” no era Santa Cruz. El verdadero otro país fue construido desde el poder durante dos décadas: el país del narcotráfico, de la corrupción institucionalizada, del sindicalismo convertido en mecanismo de extorsión política, de la justicia sometida, de la persecución al productor, del odio al mérito y de la dependencia estatal como herramienta de control social.
Ese país no produce, bloquea. No invierte, confisca. No construye ciudadanía, fabrica clientelas. No genera riqueza, reparte pobreza. Y lo peor de todo es que se trata del producto de la eterna hegemonía andinocentrista que siempre ha mirado con recelo a los cruceños.
Por eso resulta irónico escuchar hoy a tantos líderes hablar de reformas profundas, nuevas leyes, modernización y apertura económica mientras el sistema político sigue obedeciendo a las mismas fuerzas que destruyeron el aparato productivo boliviano. La abrogación de la Ley 1720 no fue solamente un debate agrario; fue un mensaje político: cada vez que Bolivia intenta avanzar, aparece el otro país para frenarla.
Bolivia ya no está atrapada en la vieja división simplista entre oriente y occidente. La fractura real es entre quienes quieren un país viable y quienes necesitan que siga siendo inviable para conservar poder.
El encuentro de Cochabamba mostró algo importante: existe una mayoría política y regional que ya entendió que el modelo agotado del centralismo, el estatismo y la hegemonía sindical llevó al país al borde del colapso. Pero también dejó claro que el aparato destructivo sigue vivo, organizado y dispuesto a incendiar cualquier intento de transformación.
Mientras el segundo país siga teniendo poder de veto, cualquier pacto nacional, cualquier reforma constitucional y cualquier agenda de reconstrucción correrán el riesgo de convertirse solamente en discursos pronunciados mientras, al otro lado del muro, alguien vuelve a demoler el futuro.
