La crisis energética mundial ha entrado en una fase crítica. Lo que ocurre hoy en el Golfo Pérsico no es un conflicto más: es el epicentro de una disrupción histórica en el suministro de petróleo. Y Bolivia, aunque geográficamente distante, está peligrosamente expuesta.
El detonante es claro: el estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula cerca del 20% del petróleo mundial. Alrededor de 1.000 barcos han quedado atrapados en la zona, reflejando el nivel de disrupción. El impacto inmediato ha sido un aumento brusco de los precios del petróleo. Pero el verdadero problema no es solo el precio: es la disponibilidad. El mundo enfrenta la mayor interrupción de oferta energética en décadas, comparable a las crisis petroleras de los años 70.
Durante semanas, el sistema global ha resistido gracias a reservas acumuladas. Sin embargo, ese margen se está agotando. Los inventarios están cayendo rápidamente y los analistas coinciden en que el mercado aún no ha absorbido completamente el shock. Lo peor, en otras palabras, aún no ha llegado.
Mientras el mundo enfrenta una escasez creciente, Bolivia mantiene un sistema de precios completamente desconectado de la realidad internacional. La gasolina y el diésel siguen fuertemente subsidiados —entre un 40% y un 50% por debajo de su costo real—, lo que crea una ilusión de estabilidad. Pero esa estabilidad es frágil y costosa. El país ya no es autosuficiente en hidrocarburos. Depende de importaciones crecientes, especialmente de diésel. Y esas importaciones requieren dólares, un recurso cada vez más escaso en la economía boliviana. En un mercado global donde los cargamentos se asignan al mejor postor, la falta de divisas se convierte en una barrera crítica.
Aquí surge una paradoja peligrosa. Mientras el mundo se prepara para reducir el consumo de combustibles por escasez, Bolivia lo incentiva con precios artificialmente bajos. Esto aumenta la demanda interna justo cuando el acceso al suministro externo se vuelve más difícil. Es un desacople que amplifica la vulnerabilidad.
Además, como sabemos, el subsidio tiene un costo fiscal creciente. Cada aumento del precio internacional se traduce en un mayor gasto para el Estado. En otras palabras, Bolivia no solo paga combustibles más caros: subsidia ese encarecimiento. Esto presiona las finanzas públicas y acelera el agotamiento de divisas.
El resultado es un círculo vicioso: más subsidio → más demanda → más importaciones → más necesidad de dólares → mayor escasez. Y cuando los dólares no alcanzan, el ajuste no se produce vía precios, sino vía escasez.
Eso es exactamente lo que comienza a ocurrir. Si la crisis global se intensifica —como sugieren los datos—, Bolivia enfrentará un escenario mucho más complejo. No será solo cuestión de pagar más por combustible, sino de conseguirlo. El presupuesto para 2026 se elaboró suponiendo un precio de 64 dólares por barril de petróleo. Está claro que ese precio será mucho mayor debido al conflicto en Medio Oriente, con el consecuente aumento del gasto público para importar diésel y gasolina.
En un mercado tensionado, los países con mayor liquidez asegurarán el suministro. Bolivia quedará en la cola. Las consecuencias económicas serían inmediatas. El diésel es el motor de la economía: transporte, agroindustria, minería y logística dependen de él. Sin diésel, la cadena productiva se detiene. Esto implica menor producción, interrupciones en el abastecimiento de alimentos y presiones inflacionarias.
Pero el riesgo mayor es político. El gobierno enfrenta una situación delicada: es frágil y teme una reacción social ante cualquier ajuste de precios. Sin embargo, evitar decisiones no elimina el problema. Solo lo posterga y lo agrava.
La experiencia internacional es clara. Cuando los gobiernos no ajustan a tiempo, el mercado lo hace por ellos, y de forma más dura. En muchos países ya se observan medidas de emergencia: racionamiento de combustible, restricciones al consumo y limitaciones a las exportaciones. Estas decisiones reflejan una realidad: la escasez es real y creciente.
Bolivia aún tiene una ventana de acción, pero se está cerrando rápidamente. La primera medida es reconocer el problema. Sin un diagnóstico claro, cualquier política será insuficiente. La población debe entender que no se trata de una crisis interna aislada, sino de un shock global sin precedentes recientes.
La segunda es iniciar un ajuste gradual de precios. No hacerlo implica seguir financiando una demanda que el país no puede sostener. Este proceso debe estar acompañado de mecanismos de compensación para los sectores más vulnerables, pero es inevitable.
La tercera es asegurar el acceso a divisas y financiamiento externo, incluso recurriendo al FMI. En el contexto actual, la liquidez determina quién accede al combustible. Finalmente, se deben implementar medidas para reducir el consumo: optimización del transporte, control del contrabando y uso más eficiente de la energía.
El mensaje es contundente. Bolivia no está al margen de la crisis global; está en una posición especialmente vulnerable dentro de ella. La gasolina barata de hoy puede convertirse en escasez mañana. Y cuando eso ocurra, el costo social y político será mucho mayor que cualquier ajuste preventivo.
Mantener la estabilidad es caro, pero más cara es la inestabilidad.
