Hecho el consenso...

El anuncio del Gobierno de buscar “consenso” para redactar una nueva ley que sustituya a la Ley 1720 vuelve a mostrar una de las mayores deformaciones de la política boliviana: la incapacidad de decidir sin pedir permiso a grupos corporativos. En Bolivia, el consenso no suele ser un mecanismo para construir soluciones, sino una forma elegante de inmovilizar cualquier cambio. La secuencia es siempre la misma: se aprueba una norma, aparecen bloqueos y presiones sectoriales, el gobierno retrocede y abre interminables mesas de diálogo para dejar conformes a todos. El resultado casi nunca es una ley sólida, sino un texto debilitado por intereses cruzados, cuotas de poder y cálculos políticos. Aquí el consenso no significa interés nacional, sino administrar conflictos para evitar costos inmediatos. Se gobierna pensando en quién protesta más fuerte y no en qué necesita el país. Por eso muchas normas terminan siendo ambiguas, estériles o capturadas por sectores organizados. Cuando la prioridad es contentar a todos, Bolivia termina avanzando hacia ninguna parte.