El gran error

La Ley 1720 nace con un pecado original político: ser impulsada por un liderazgo cruceño y respaldada por sus sectores productivos. En la polarizada Bolivia actual, este origen ha sido el detonante para que el activismo de izquierda y ciertos sectores "oenegistas" desaten una campaña de sospechas infundadas, alimentada por un resentimiento histórico hacia Santa Cruz. El "gran error" ha sido permitir que el prejuicio nuble el beneficio técnico. Quienes miran al oriente con envidia ignoran la realidad demográfica del agro: más del 90% de los productores cruceños son pequeños y, en su gran mayoría, son migrantes del interior que buscaron en esta tierra una oportunidad. La ley no es un festín para latifundistas; es la llave para que ese pequeño productor, que hoy está "preso" de una protección estatal anacrónica, pueda acceder al crédito, tecnificarse y crecer. Castigar esta norma por su procedencia geográfica es, en última instancia, condenar al pequeño campesino —sea colla o camba— a una pobreza perpetua vestida de falsa justicia social.