El presidente Rodrigo Paz admitió este jueves que faltó socializar la Ley 1720 de conversión de tierras con los sectores vinculados al tema, aunque aseguró que la normativa es “buena”.
“Tiene una base de ley buena, pero le faltó margen de diálogo en ciertos sectores”, aseguró Paz durante el taller internacional “Economía para la gente” organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en La Paz, según informó Unitel.
Las declaraciones del mandatario se dan después de que la noche del miércoles haya acordado con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) gestionar la abrogación de dicha normativa.
Paz indicó que ahora hay “sectores que dicen: ‘si yo puedo aumentar dos o tres artículos la ley mejora’”.
Los sectores campesinos cuestionaron la norma y señalaron que esta pone en riesgo las propiedades comunitarias. Mientras que desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) advirtieron con medidas de presión en defensa de la norma.
Al respecto Paz dijo: “¿Cuál es la condición para no poder generar esos escenarios de concertación? Algunos dicen que es debilidad, yo creo que es una capacidad de diálogo y consenso que hemos perdido a lo largo de los años porque en cierta manera todos hemos sido secuestrados en una metodología de gobernar el país, ese Estado tranca, y de temor y de miedo”.
La Ley 1720 tuvo un fuerte rechazo desde que era tratada como proyecto en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El 8 de abril, el presidente Paz promulgó la norma en Santa Cruz y afirmó que facilitará el acceso a financiamiento para pequeños productores. No obstante, diversas entidades especializadas en el agro y en poblaciones indígenas campesinas, divulgaron numerosas observaciones.
La Fundación Tierra advirtió que la normativa no beneficiará a la mayoría de los pequeños productores, sino principalmente a sectores agroindustriales consolidados, en especial en el oriente del país. El especialista en temas agrarios Álvaro Céspedes, vinculado al Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), sostuvo en un artículo que la ley representa “uno de los retrocesos más graves y silenciosos del régimen de tierras en Bolivia desde la Reforma Agraria de 1953”.
