Bolivia está al borde y lo peor es que sigue avanzando hacia el abismo. No es retórica ni catastrofismo: es un diagnóstico que confirman los números, los conflictos y la historia reciente. El actual gobierno heredó un país en ruinas —vaciado por dos décadas de gestión masista que dilapidó las reservas, ahogó la producción y entregó el Estado a las corporaciones— y hoy enfrenta una tormenta que no admite improvisación ni complacencia. Paz dice que no le teme a los conflictos. Ojalá fuera cierto. Pero la realidad es que todos le tememos, porque si este gobierno cae, las consecuencias serán peores que todo lo que hemos vivido.
El primer trimestre de 2026 registró 176 conflictos sociales: casi el doble del promedio histórico mensual. Los bloqueos se multiplican, los paros se extienden y la conflictividad avanza. Estamos ante las puertas de un nuevo desborde. Y en ese contexto, la urgencia de un gran acuerdo nacional entre todas las fuerzas que defienden la democracia se vuelve una cuestión de supervivencia.
Ese acuerdo no puede hacerse con los sindicatos y movimientos sociales que todavía aspiran al retorno del viejo régimen. Ellos no quieren salvar al país: quieren recuperar el botín. Son la expresión más acabada del corporativismo que durante sesenta años subordinó el interés ciudadano al poder de los intermediarios. Negociar con ellos es capitular ante quienes destruyeron lo que queda por salvar.
El acuerdo democrático que Bolivia necesita debe tener agenda concreta. No basta con la voluntad política; hacen falta reformas estructurales que ataquen las raíces del problema.
Las prioridades son evidentes. La primera es una reforma electoral profunda. No basta con ajustes superficiales; se requiere reconstruir la confianza en el sistema democrático desde sus cimientos. La segunda es la reforma constitucional. Bolivia necesita reglas claras, estabilidad jurídica y un marco institucional que permita atraer inversión, generar empleo y garantizar derechos. Sin seguridad jurídica no hay desarrollo posible.
Ninguna de estas reformas será viable si no se enfrenta el problema estructural más profundo: el sistema corporativista. Durante décadas, el país ha sido rehén de grupos que han sustituido al ciudadano como sujeto político. Sindicatos, gremios y corporaciones han capturado el Estado, convirtiéndolo en un botín de reparto. Este modelo no solo ha distorsionado la economía —basada en rentas y subsidios insostenibles— sino que ha asfixiado la democracia, subordinando el interés general a presiones sectoriales.
Dinamitar este sistema no es un acto de confrontación caprichosa, sino una necesidad histórica. Bolivia debe transitar hacia un Estado de ciudadanos, donde los derechos no dependan de la pertenencia a un grupo, y donde el esfuerzo individual, la innovación y el trabajo sean los motores del progreso.
A esto se suma una crisis económica que ya no admite negaciones. Déficit fiscal elevado, agotamiento de reservas, subsidios regresivos y falta de divisas configuran un escenario extremadamente frágil. El país vive de expectativas, no de certezas. Y las expectativas, cuando se rompen, aceleran las crisis.
La única salida responsable es un gran acuerdo nacional. Un pacto entre todas las fuerzas democráticas que entienden que, si Bolivia se hunde, nos hundimos todos. Este acuerdo no puede estar condicionado por quienes buscan restaurar un modelo agotado y destructivo. Debe ser un compromiso claro con la democracia, la institucionalidad y el futuro.
