La vicegobernadora electa de Santa Cruz, Paola Aguirre, informó que este jueves concluyó el proceso de transición en la Gobernación, dejando un diagnóstico “complejo” marcado por dificultades financieras e institucionales.
Según detalló, la administración saliente deja una deuda flotante (de corto plazo) cercana a los 100 millones de bolivianos y un déficit aproximado del 25%, además de una reducción significativa en programas y competencias debido a la falta de liquidez, situación que —afirmó— afecta directamente a la población cruceña.
Aguirre señaló que desde el lunes asumirá funciones junto al gobernador electo, Juan Pablo Velasco, con el desafío de reactivar la agenda autonómica, impulsar una agenda legislativa y exigir la abrogación de normas que considera centralistas.
Varias observaciones
Durante la etapa de transición, indicó que se identificaron reportes diferenciados en distintas reparticiones, direcciones y secretarías. Entre las observaciones, mencionó que en la Secretaría de Medio Ambiente se detectó la entrega de CDs en blanco, hecho que fue puesto en conocimiento del comité de transición por no contribuir a un proceso transparente.
Asimismo, denunció irregularidades en la Dirección de Comunicación, donde —según dijo— no se entregaron las claves de acceso a páginas institucionales, redes sociales y otros soportes tecnológicos que son propiedad de la Gobernación.
“Se ha informado a la comisión de transición. Este no es un trabajo de auditoría, sino un diagnóstico preliminar y real del estado de la institución”, explicó.
La autoridad electa adelantó que el equipo entrante elaborará un informe pormenorizado que será presentado a la ciudadanía, con base en la evaluación realizada en cada área.
Crisis estructural
Aguirre advirtió también que la Gobernación atraviesa una “crisis estructural”, en la que —según dijo— se han normalizado situaciones que no deberían ser aceptadas. Indicó que actualmente solo el 30% del personal y equipo humano está operativo en varios programas considerados clave para la gestión.
Como ejemplo, mencionó la unidad de bomberos, donde se evidenció la ausencia de contratación del responsable del programa de prevención de incendios, pese a que sí se cuenta con personal operativo.
Por eso remarcó que estos hallazgos refuerzan la necesidad de encarar una reestructuración institucional para garantizar el cumplimiento de las competencias y mejorar la atención a la población.
