El lector ahora entiende la importancia de la política monetaria y fiscal de Bolivia, así como el complejo armado del Presupuesto General del Estado (PGE), con un déficit fiscal —más gastos que ingresos— elevado, producto de años de despilfarro y corrupción. En este contexto, el Banco Central de Bolivia (BCB) requerirá un firme apoyo en balanza de pagos, mientras que el sistema financiero necesitará respaldo de la comunidad internacional para generar crecimiento sostenido. Este análisis revisa primero las opciones de apoyo al BCB y luego las de desarrollo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1944 en Bretton Woods, tiene como objetivo principal preservar la estabilidad financiera global, la convertibilidad de monedas y el buen funcionamiento del sistema monetario internacional. Su mecanismo consiste en otorgar financiamiento a países miembros con desequilibrios externos, como déficits comerciales, problemas en balanza de pagos o crisis fiscales persistentes. Este último es el caso de Bolivia.
Existen también otras instancias de apoyo, como la red de seguridad financiera global (GFSN), el Banco de Pagos Internacionales (BIS), orientado a liquidez de corto plazo, y el Banco Mundial (BM), que financia apoyo presupuestario y programas contracíclicos para sostener el gasto social en contextos de escasez de divisas.
Durante los últimos años, el BCB ha sido utilizado como mecanismo de financiamiento del Estado. Ha subsidiado la compra de oro, otorgado créditos al Tesoro General de la Nación (TGN) ante la falta de financiamiento externo, y realizado operaciones de esterilización monetaria que luego se revierten con mayor emisión, generando presiones inflacionarias. Asimismo, ha financiado empresas públicas sin retorno claro. En consecuencia, ha perdido su rol técnico y autonomía, asumiendo funciones que comprometen su estabilidad.
En condiciones adecuadas, Bolivia debería gestionar un programa de Servicio Ampliado del FMI (EFF), con financiamiento de largo plazo —en torno a 5.000 millones de dólares—, plazos superiores a 15 años y periodos de gracia. Este tipo de programa permitiría implementar reformas estructurales orientadas a la estabilidad macroeconómica y la recuperación de confianza.
Entre las medidas necesarias se encuentran: mayor flexibilidad cambiaria, revisión de subsidios a los combustibles, apertura a la participación privada en el abastecimiento energético, fortalecimiento de exportaciones y turismo, mejora de la recaudación tributaria y reformas en el sector hidrocarburífero y de recursos estratégicos. Estas políticas requieren tiempo, pero son fundamentales para corregir los desequilibrios actuales.
A diferencia del pasado, el FMI ha evolucionado en su enfoque, incorporando una visión más equilibrada entre estabilidad macroeconómica y protección social. Hoy reconoce que la economía y la sociedad son interdependientes, y que las reformas deben considerar ambas dimensiones.
Por su parte, el Banco Mundial mantiene con Bolivia el Marco de Alianza País (MAP) 2023-2026, que incluye programas sociales e institucionales. Sin embargo, en el contexto actual, cobran mayor relevancia sus instrumentos financieros, como los préstamos de apoyo a políticas de desarrollo (DPL), que permiten cubrir brechas fiscales y externas; el financiamiento de proyectos de inversión (IPF); y la asistencia técnica para mejorar la gestión fiscal.
Adicionalmente, existen mecanismos bilaterales como los swaps de monedas entre bancos centrales, que permiten obtener liquidez temporal en divisas. Estos instrumentos han sido utilizados por países con dificultades externas para evitar incumplimientos de deuda en el corto plazo. No obstante, su naturaleza es transitoria y no sustituye reformas estructurales.
La economía boliviana enfrenta múltiples desequilibrios simultáneos: déficit fiscal, comercial, de balanza de pagos, cuasifiscal y energético. Este conjunto de presiones limita el crecimiento y aumenta la vulnerabilidad macroeconómica. En este escenario, el acceso a financiamiento internacional, acompañado de políticas económicas consistentes, resulta indispensable.
El desafío no es únicamente obtener recursos, sino implementar reformas que eviten repetir ciclos de crisis. La estabilidad económica requiere reglas claras, instituciones sólidas y políticas sostenibles en el tiempo. Sin estos elementos, cualquier mejora será temporal.
