No se puede ir a grandes zancadas o tropezones, pero sí hay prisa para ir con sentido diligente y responsable en las reformas constitucionales. En esa perspectiva, sí el Parlamento cumple sus funciones puede convertirse en caja de resonancia y dar confianza a la ciudadanía; ahí se localiza el freno y contrapeso para que el poder tenga cauce legal y legitimidad social. El Parlamento tiene la obligación no solo de fiscalizar al órgano ejecutivo, también a los otros órganos constitutivos del Estado; al no hacerlo cede sus atribuciones y pierde representatividad (Art. 158 Atrib. 17 CPE). Las necesidades, preocupaciones y angustias no pueden permanecer en el bullicio del hemiciclo parlamentario o en debates infructuosos que terminan en agravios; es preciso estudiar y realizar los cambios pertinentes mediante la producción legislativa en todo aquello que sea imprescindible.
El Parlamento, génesis y vértebra política es la instancia para impulsar la reforma de la Constitución Política del Estado (C.P.E.) con un tratamiento claro y preciso que denote que estamos viviendo en democracia y no en una sombra inamovible. No podemos acostumbrarnos a que los proyectos de ley vengan de otras latitudes y no sean concebidos en su fuente de origen. La viabilidad jurídica, política y económica se va eclipsando de mes en mes y la vida sigue igual o se deteriora. Es hora de comenzar el trabajo en su justa dimensión siguiendo el procedimiento establecido en la propia Ley Fundamental (Art. 411 CPE) con rigor metodológico, reflexivo y sistemático. Consultar democráticamente a cada región, a las entidades idóneas y versadas, pues diferentes iniciativas y propuestas del intelecto contribuirán al objetivo.
En esa proyección, cabe hacer hincapié en lo siguiente: 1) Posibilitar y garantizar el ingreso de capitales, que no compitan ni desplacen al capital doméstico, antes bien lo complementen, con reglas inequívocas para las inversiones en la línea de los convenios y tratados internacionales y la seguridad jurídica. Suprimir la reelección presidencial, y aclarar que todo servidor público por elección o designación en funciones de jerarquía necesariamente debe ser boliviano de nacimiento (Arts. 167, 168 y 234 CPE). 2) Sentar las bases para una reforma judicial; suprimir la elección popular de magistrados (Art. 182 I CPE); evitar la politización y presentar una nueva faz de la justicia. Sin estado de derecho estamos condenados al fracaso; 3) Es imperioso que el padrón electoral asegure la democracia y el voto ciudadano; que no vuelva aflorar el recuerdo de la banda de los cuatro o la excusa de imprecisión de la norma jurídica después de meses o años sin rectificar, y aun en estos casos no se puede silenciar la libertad del sufragio, derecho irrenunciable e insoslayable. Jamás se puede dejar una causa sin resolver aduciendo falta de norma, claridad o ambigüedad (Arts. 26 y 208 CPE). Asimismo, cancelar la personalidad jurídica de las organizaciones políticas que no obtengan por lo menos el 5% de votos del padrón electoral. 4) En el ámbito legislativo, es conveniente mejorar la calidad parlamentaria y reducir el tamaño de las cámaras legislativas. Paralelamente, el Art. 265 II CPE y la Ley N° 716 de 13 de julio de 2015 establecen la elección directa de representantes ante organismos parlamentarios supranacionales para procesos de integración, y al no ser imprescindible, bien puede elegirse cuando sea necesario al interior de la Asamblea. De otro lado, el principio universal de la igualdad ante la ley no puede desconocerse, de ahí que el voto rural requiere estar en las mismas condiciones que el de la ciudad; en este sentido hay que analizar con ponderación la parte pertinente (Art. 146 P. VII - 147 P. III C.P.E.). A la postre, aumentar de 18 a 21 años la edad mínima para ser diputado nacional (Art. 149 CPE).
En este pórtico expositivo, la democracia exige evaluar constantemente el desempeño de las instituciones, mirar con ojos críticos sus resultados; empero, si algo también es fundamental estriba en fortalecer la educación y la salud, sin conocimiento y calidad de vida es difícil poder avanzar. Sin duda es tarea de especial cuidado y la prospectiva política puede ser una buena consejera en el tiempo y el espacio, donde los preceptos constitucionales deben ser respetados y no acomodados a intereses sectarios; menos podrá darse solución a los problemas institucionales a través de nombramientos de funcionarios interinos, que es una excepción y no la regla, circunstancia que no puede aceptarse en un régimen constitucional.
Otro aspecto que no se puede pasar por alto es la necesidad de revisar y/o elaborar un nuevo proyecto de ley de partidos políticos, para que una vez consensuado pueda seguir el procedimiento legislativo. Sería inadmisible que para las próximas elecciones presentemos los mismos inconvenientes. Un texto normativo claro, preciso y conciso, sin lugar a resquicios, eliminando los partidos políticos de alquiler y aplicando sanciones a sus comercializadores. Si pretendemos que la democracia tenga sentido y no desfallezca hay que dar los pasos urgentes y coherentes; relativos a la formación y desenvolvimiento de las organizaciones políticas, su registro, miembros o militantes, ideología y programas. Conocer su estructura directa e indirecta, el marco político en el que actúan, grado de participación; sistemas y dimensiones político partidarias, alianzas políticas, la visión de país; transparencia, ética y anticorrupción interna y externa, etcétera. Alternativamente, por su propia especificidad y características, tomar muy en cuenta lo inherente a las organizaciones ciudadanas que pugnan en las elecciones subnacionales, evitando que afloren como hongos y sin control alguno, regulando el mínimo de votos para mantener su personalidad jurídica.
En otras palabras, sanear la vida política de la improvisación y la corrupción, y tener la esperanza de encontrar en el Parlamento y en todo ámbito del quehacer nacional a personajes de talla y probidad, y para que las instituciones de manera general funcionen sin obstáculos, reduciendo la burocracia insatisfecha; quizás sea una utopía, pero hay que intentarlo; aclarando de una buena vez si somos República o Estado, porque en la confusión normativa, el Artículo 11 de la C.P.E, entre otros, expresa: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, representativa y comunitaria”. Ese es el nombre correcto de la Patria. Es tiempo de acabar con los cálculos o de seguir mirando a lontananza el contrapeso de los astros.
