Estados Unidos asestó uno de los golpes más contundentes contra la presunta narcopolítica en México al presentar cargos contra funcionarios señalados de colaborar con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
La acusación, presentada por el Departamento de Justicia y la DEA, apunta a una red de autoridades mexicanas que habrían facilitado el envío de grandes cantidades de heroína, cocaína y fentanilo a cambio de sobornos y respaldo político.
El caso coloca bajo presión al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que deberá responder por las presuntas actividades ilícitas de funcionarios vinculados a su partido, Morena, si las acusaciones se confirman.
Las autoridades mexicanas reconocieron que Washington solicitó la captura y extradición de los implicados, aunque señalaron que hasta ahora no han recibido pruebas suficientes para proceder judicialmente.
La investigación es liderada por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, quien acusa a los implicados de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para operar con impunidad en México.
Según el expediente, la red habría mantenido vínculos con la facción conocida como Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, facilitando sus operaciones a cambio de pagos regulares a cuerpos de seguridad y autoridades locales.
El caso representa el mayor golpe judicial de Estados Unidos contra figuras políticas mexicanas desde el proceso contra Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El impacto del proceso se produce en un momento de tensión diplomática, tras revelarse la presencia de agentes de la CIA en operaciones dentro de México, lo que generó reclamos del Gobierno mexicano por violaciones a su soberanía.
En paralelo, el embajador estadounidense Ronald Johnson realizó una visita inusual al estado de Sinaloa, donde criticó la falta de acciones contra la corrupción, anticipando el endurecimiento de la postura de Washington.
La ofensiva judicial forma parte de la política del presidente Donald Trump en su segundo mandato, centrada en perseguir a funcionarios extranjeros que faciliten el crimen organizado, aunque con decisiones polémicas como el indulto al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández.
Las sospechas sobre algunos de los implicados no son nuevas y se han visto reforzadas por filtraciones sobre una supuesta “lista” de políticos mexicanos bajo investigación en Estados Unidos, así como por la cancelación de visas a varios funcionarios.
El fiscal Clayton advirtió que la lucha contra el narcotráfico incluye a los funcionarios que lo respaldan, y aseguró que Washington buscará llevar ante la justicia a cualquier autoridad involucrada, sin importar su rango, en un caso que podría redefinir la cooperación bilateral en materia de seguridad.
