Dos exservidores públicos de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) fueron condenados a penas de cuatro y cinco años de prisión tras comprobarse que manipularon datos y propuestas económicas en un proceso de contratación, con el objetivo de favorecer de manera irregular a una empresa constructora.
El caso está vinculado al proyecto de construcción de viviendas en el municipio de Sacaba (Fase XXVIII – gestión 2024), donde se detectaron alteraciones en la evaluación de ofertas. La denuncia fue presentada en marzo de ese año, pero recién en diciembre de 2025 fue reactivada por la actual administración, que impulsó su investigación hasta su resolución judicial.
Luego de audiencias realizadas el 16 y 17 de abril de 2026, el Juzgado Primero de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Cochabamba emitió un fallo condenatorio por los delitos de cohecho activo y cohecho pasivo, determinando la reclusión de los implicados en centros penitenciarios del departamento.
Desde el Ministerio de Obras Públicas se remarcó que este tipo de hechos no quedarán impunes y que se continuará con acciones para sancionar cualquier irregularidad en la administración de recursos públicos.
La sentencia marca un precedente en la lucha contra la corrupción en procesos de contratación estatal y refuerza los controles sobre proyectos de vivienda social.
