El magisterio urbano de La Paz anunció una escalada en sus medidas de presión. Por segundo día consecutivo, este jueves el sector salió en marcha en La Paz y también prevé salir a las calles este viernes, mientras que para el lunes prevé iniciar una marcha desde Patacamaya con destino a la sede de Gobierno, la cual concluirá en un cabildo el 1 de Mayo.
El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Educación Urbana de La Paz, Gerardo Bustamante, denunció que las movilizaciones del sector han sido respondidas con represión policial. “Lamentablemente, la respuesta que recibimos del Gobierno es represión y gases, una acción totalmente en contra de los trabajadores. Presentamos nuestras demandas hace cuatro meses y no hemos tenido atención”, afirmó.
El dirigente recordó que el miércoles un grupo de maestros fue desalojado de la Plaza Murillo mientras realizaba una protesta pacífica exigiendo mayor presupuesto para educación y mejoras salariales. Según los movilizados, la intervención policial incluyó el uso de agentes químicos en distintos puntos del centro paceño.
“Estábamos sentados dando a conocer nuestras demandas y los policías vinieron a amedrentar al magisterio. La única respuesta ha sido la represión”, sostuvo Bustamante, quien además señaló que estos hechos obligan al sector a radicalizar sus acciones.
Indicó que las movilizaciones continuarán en los próximos días y se intensificarán con una marcha de largo alcance. “La siguiente semana partiremos desde Patacamaya para llegar a La Paz y concluir el 1 de mayo en un gran cabildo”, anunció.
El dirigente también cuestionó la situación económica de los trabajadores del sector educativo y denunció la falta de incremento salarial. “Hay mayor miseria y pobreza en las familias. Los maestros trabajan incluso 72 horas y no ganan el mínimo nacional”, afirmó.
Asimismo, el sector hizo un llamado a la Central Obrera Boliviana (COB) a respaldar las demandas del magisterio y evitar divisiones en el movimiento laboral. Entre sus principales exigencias se encuentra la aprobación de un salario mínimo que garantice condiciones de vida dignas.
