El caso del Mercado Mutualista ha dejado de ser un problema de los comerciantes y vecinos de la zona para convertirse en un verdadero crimen en contra del pueblo cruceño. Llama la atención que Miguel Grapuzzi recién haya reclamado su derecho propietario. En un plano sepia de hace 40 años figuran como propietarios de esos terrenos las familias Bass, Grunbaum, Vía Soliz, Domínguez y Prado. El exalcalde Pillín Ribera ha reconocido que lo que ahora es el Mercado Mutualista fue un terreno expropiado por el gobierno municipal y transferido a los comerciantes y familias asentadas en la zona.
El reclamo de Miguel Grapuzzi data de 2024, cuando el Tribunal Constitucional (SCP 0531/2024-S3, de 19 de julio) resuelve “dejar sin efecto legal la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417, de 1 de diciembre de 2016, y todos los actos emergentes de la misma…”, vinculados al Mercado Mutualista. Y varios de los concejales salientes, lejos de proteger el terreno que desde hace 40 años era de dominio público, sancionan otra ley y terminan de sacrificar (entregar) el Mutualista. Se trata de un crimen (casi perfecto), bien planificado por personas que conocían la historia y tenían acceso a toda la información y registros públicos, ejecutado a plena luz del día e incluso por escrito.
¿Puede un amparo constitucional dejar sin efecto una ley? El hecho de que el Tribunal Constitucional deje sin efecto una ley, por la vía que sea, ¿significa automáticamente definir un derecho propietario? ¿Quiénes son los verdaderos responsables de este asalto del siglo XXI? ¿Cuántos millones de dólares están en juego? ¿Cuándo se planificó y cómo se ejecutó este crimen contra Santa Cruz? ¿En qué gestión municipal? ¿Qué pasó en estos 40 años? ¿Cuál es la estrategia de las autoridades electas para recuperar estos terrenos? Decir que se defenderá, que no se entregarán los papeles, suena a buenas intenciones. Pero lo que hace falta, y con urgencia, es que digan el cómo.
El caso es mucho más complejo de lo que aparenta y representa en los hechos. Lo que está clarísimo es que se trata de un bien público que debe ser defendido, recuperado y protegido por las autoridades municipales y judiciales cruceñas. Una de las formas de esclarecer y establecer responsabilidades es mediante una auditoría jurídico-constitucional. Se debe realizar un trabajo de campo y de gabinete (laboratorio) lo más riguroso posible. Tienen que intervenir los colegios de arquitectos, ingenieros, agrimensores, universidades, academias, exautoridades municipales que hayan intervenido y aún estén disponibles (antes de que se escapen), candidatos, autoridades electas, etc.
A tiempo de esclarecer y documentar el hecho, la auditoría tiene que identificar, con nombres y apellidos, a las autoridades (antiguas y actuales) y los cargos que ocupaban y ocupan. Debe determinarse el iter criminis, es decir, todo el recorrido del crimen desde el inicio del propósito delictivo hasta la consumación total del hecho punible. Se trata de un hecho criminal complejo contra Santa Cruz que se ha consumado (casi en su integridad) dentro del mismo gobierno municipal, con la participación de abogados, funcionarios de Derechos Reales, juzgados ordinarios y el Tribunal Constitucional.
El gobierno municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo presidido por el alcalde (art. 284 de la CPE). Es el encargado de proteger los bienes públicos y, en este caso, fue propietario del Mercado Mutualista durante 40 años. El caso necesita ser investigado, esclarecido, procesado, y deben ser sancionados quienes resulten autores materiales e intelectuales. La auditoría servirá también para despejar dudas, susceptibilidades y evitar que personas inocentes figuren como partícipes de estos actos criminales desde todo punto de vista.
El caso Mutualista confirma que la corrupción se encuentra institucionalizada. La lucha contra la corrupción y sus efectos perversos es una lucha política, cuyo éxito o fracaso dependerá de la convicción del gobernante. En el caso particular de Jhonny Fernández y sus aliados, la magnitud de la corrupción, arbitrariedad, impostura, despilfarro, delitos y abusos se hace más que evidente. El nuevo gobierno municipal tiene que terminar con la impunidad de los jerarcas que han tenido a su cargo el manejo delincuencial de la Alcaldía Municipal y sus instituciones satélites. Nada alimenta tanto a la delincuencia como la impunidad.
*Jurista y autor de varios libros
