Hoy Bolivia escribe una página inédita en su historia democrática. Por primera vez, cinco departamentos —Santa Cruz, Tarija, Oruro, Beni y Chuquisaca— van a segunda vuelta para elegir a sus gobernadores. Es un hito que merece celebrarse, pero sería deshonesto no recordar el camino accidentado, turbulento, que en más de un momento hizo tambalear la confianza en el propio proceso.
Durante los últimos meses la maquinaria democrática debió sortear obstáculos que configuraron un escenario de tensión institucional sin precedentes recientes. No hubo semana sin sobresaltos: candidatos inhabilitados a último momento, recursos judiciales que buscaban torcer resultados ya dados, bloqueos y protestas en regiones enteras, errores logísticos en la distribución de material electoral y, quizás lo más preocupante, decisiones de juzgados locales que intentaron interferir directamente en competencias que son exclusivas del órgano electoral.
El número habla por sí solo: 43 amparos constitucionales debió atender el TSE a lo largo de este proceso. Cuarenta y tres veces los abogados del máximo tribunal electoral del país tuvieron que sentarse ante un juez a defender su propia competencia. En países con tradiciones electorales consolidadas, esto sería impensable. Aquí se convirtió en la rutina de meses. En Santa Cruz, la jornada llega precedida de bloqueos en regiones donde el malestar por la anulación de candidaturas se tradujo en movilizaciones que pusieron en jaque la logística electoral.
La peculiar situación de La Paz merece una mención especial. El departamento no irá a las urnas porque Nueva Generación Patriótica decidió retirarse de la contienda faltando menos de 30 días para la votación, lo que derivó en la proclamación del candidato Luis Revilla como gobernador con apenas el 20% de los votos en primera vuelta. Más tarde, el candidato René Yahuasi intentó revertir esa situación por vía judicial, generando una última tensión que fue resuelta a horas del balotaje.
Y sin embargo, aquí estamos. Los recintos abren hoy. Los 53.772 jurados electorales de Santa Cruz —más de 93.000 en todo el país— están en sus mesas. Los observadores de la OEA recorren los departamentos. El TSE promete resultados preliminares antes de las 21:00. Bolivia vota.
Eso importa. Y mucho. Porque por encima de los recursos de amparo, de los jueces que ordenaron paralizar encuestas, de los candidatos que buscaron atajos judiciales para lo que no lograron en las urnas, la ciudadanía boliviana ha llegado hoy a este día.
El presidente del TSE ha advertido que, concluido este proceso, impulsará modificaciones a la Ley de Régimen Electoral para limitar la posibilidad de revisar por vía constitucional las decisiones del órgano electoral. Es un debate necesario y urgente. La autonomía real del órgano electoral no debería ser una aspiración: debería ser una garantía. El andamiaje institucional que hace posible que hoy se vote necesita ser más robusto, más claro en sus competencias, menos permeable a los recursos dilatorios.
Por encima de los recursos de amparo, de los jueces que ordenaron paralizar encuestas, de los candidatos que buscaron atajos judiciales para lo que no lograron en las urnas, la ciudadanía boliviana ha llegado hoy a este día.
