En la anterior entrega nos referimos al gasto. Ahora abordamos los ingresos contenidos en el Presupuesto General del Estado (PGE). El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) es el responsable final del presupuesto: fija los parámetros generales, mientras cada institución registra sus ingresos propios e incorpora esas cifras. El MEFP también define lineamientos para gobernaciones, alcaldías y otras entidades subnacionales que coparticipan ingresos y reciben regalías de hidrocarburos, minería, forestales y otras fuentes.
En hidrocarburos, las regiones productoras reciben el 11% sobre el precio en boca de pozo, mientras Beni y Pando perciben una regalía compensatoria del 1%. El Tesoro General de la Nación (TGN) recibe el 6%. La Ley 3058 creó además el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que distribuye un 32% a gobernaciones, municipios y universidades públicas, incluso a aquellas regiones no productoras. Estos ingresos —incluido el IEHD— tienen una amplia cobertura territorial. Para estimarlos, el MEFP consulta al Ministerio de Hidrocarburos y proyecta precios de referencia como el West Texas Intermediate (WTI) y el Henry Hub, apoyándose en datos de mercados spot y futuros. También coordina con el Ministerio de Minería, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional.
En 2025, el SIN recaudó Bs 45.910 millones, un 10,6% más que el año anterior y por encima de lo presupuestado. El IVA aportó Bs 13.655 millones (29,7%), el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) Bs 10.722 millones (23,3%) y el Impuesto a las Transacciones (IT) Bs 7.338 millones (15,9%). Los Grandes Contribuyentes (GRACO) generaron el 76,8% de la recaudación (Bs 35.258 millones), lo que evidencia una alta concentración tributaria.
La Aduana Nacional alcanzó un pico de Bs 18.411 millones en 2023, bajó a Bs 16.836 millones en 2024 y registró un estimado de Bs 16.500 millones en 2025 (84% de la meta), reflejando la desaceleración económica y problemas de gestión. En coparticipación tributaria, el nivel central retiene el 75% de los ingresos, los municipios el 20% y las universidades el 5%. Para 2025, el PGE proyectó Bs 62.635 millones en recaudaciones nacionales. En regalías mineras, el 85% corresponde a gobernaciones productoras y el 15% a municipios productores.
Cada institución genera, además, ingresos propios. El Órgano Judicial, con un presupuesto de Bs 1.054 millones, recaudó Bs 619,3 millones en 2025 (58%) por tasas, multas y otros. El Órgano Legislativo, con Bs 270 millones, no genera ingresos propios. El Órgano Electoral, a través del SERECI, cubre entre el 20% y el 30% de su presupuesto en años sin elecciones. En general, alcaldías y gobernaciones rara vez superan el 20% de ingresos propios, y muchas empresas públicas apenas cubren planillas.
Las 336 alcaldías presupuestaron Bs 21.436 millones en ingresos propios en 2025, provenientes de impuestos a bienes inmuebles (IPBI), transferencias (IMT), vehículos (IPVA), tasas, patentes y multas. Cochabamba y La Paz destacan en recaudación, pero persisten déficits. Solo 24 municipios grandes generan el 90% de estos recursos; el resto depende casi totalmente de transferencias como IDH, IEHD y coparticipación, lo que evidencia problemas estructurales por la fragmentación municipal.
Las nueve gobernaciones sumaron un presupuesto de Bs 9.610 millones en 2025, de los cuales Bs 4.375 millones provinieron de transferencias. Sus ingresos propios apenas alcanzaron Bs 370,5 millones (3,9%). Otras fuentes —herencias, ventas de bienes, tasas— son marginales. Más del 65% de sus ingresos depende de regalías o transferencias. Santa Cruz, por ejemplo, redujo ingresos por menores regalías, mientras Beni aumentó por su participación en la regalía compensatoria, aunque destina una alta proporción a salarios. En síntesis, las gobernaciones tienen escasa capacidad de generación propia frente a crecientes obligaciones.
El PGE se construye de abajo hacia arriba: cada entidad proyecta ingresos y gastos, el MEFP consolida las cifras y define si existe superávit o déficit. Luego el proyecto se remite a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que lo debate, aprueba y envía al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Cuando ingresos y gastos se igualan, hay presupuesto equilibrado; si los ingresos superan a los gastos, hay superávit; y si ocurre lo contrario, déficit. En este último caso, el Estado puede financiarse mediante créditos del Banco Central, recursos de la Gestora, emisión de bonos del Tesoro o préstamos externos, previa aprobación legislativa.
