Sí, lo estamos, porque las reglas del juego económico instauradas durante más de 20 años apenas están empezando a ser cambiadas. Para salir del atraso requerimos de un nuevo modelo y hacerlo viable políticamente.
El modelo del MAS se fundamentaba en la interpretación dualista según la cual el capitalismo transnacional condenaba a Bolivia a ser sólo productora de materias primas y no poder industrializarse. La solución sería expropiar las inversiones privadas en favor de empresas públicas y aprovechar las utilidades para industrializarse, también a través de empresas públicas.
Y aprovecharon que inversiones privadas realizadas en los 90 generaron un importante crecimiento en la producción y las exportaciones de hidrocarburos, y que ello coincidió con un gran aumento de los precios internacionales, para instaurar su modelo comenzando por expropiar esas inversiones.
Sus sectores “estratégicos” –es decir, de los que dependía enteramente el éxito del modelo– eran hidrocarburos, minería y metalurgia, y electricidad. Las inversiones de las empresas privadas en hidrocarburos y energía fueron íntegramente expropiadas, en minería se volvió a contar con empresas públicas y en metalurgia se recuperó el monopolio estatal.
La instauración del modelo resultó políticamente viable gracias a un apoyo mayoritario generado por la ideología nacionalista emergida de la Guerra del Chaco, con la que se había justificado expropiaciones previas: de la Standard Oil (hidrocarburos) en 1936 y de las tres empresas mineras más grandes en 1953.
Y el MAS aprovechó esa ideología predominante ya no sólo para expropiar inversiones privadas sino para generalizar el estatismo. Pero su modelo fracasó, como lo demuestran el actual agotamiento de los hidrocarburos, las empresas públicas deficitarias -YPFB con $us 1071 millones (El Deber 09/04/2026) y el decrecimiento de la economía desde 2024.
Lo fundamental de un modelo alternativo puede ser claramente definido gracias al desarrollo de la ciencia económica, a la experiencia de los países que han logrado desarrollarse rápidamente en los últimos 70 años –por ejemplo, Corea del Sur– y a la de Santa Cruz. Lo que requerimos para crecer sosteniblemente son consensos nacionales sobre:
1) nuevas reglas del juego fundamentales que garanticen el derecho a la vida, la seguridad jurídica para la propiedad privada, la libre competencia y el conocimiento, y -más importante aún- los medios de cumplimiento de estas reglas; y 2) una estrategia de desarrollo basada en el conocimiento, que se financie primordialmente en ahorro interno y corresponda a la globalización de la economía.
La tarea primordial del gobierno nacional es definir esa estrategia, que incluya una transformación definitiva de la educación para lograr una de máximo nivel, y ejecutarla incrementando temporalmente estímulos a la iniciativa privada en las actividades económicas clave de cada período. Y, a su vez, la misión de los gobiernos subnacionales es concertar el desarrollo económico regional.
Bolivia es un país geográficamente muy diverso, y la teoría económica demuestra que la descentralización y la concertación de las decisiones sobre gasto público y de los respectivos aportes locales para el desarrollo regional serán tanto más convenientes cuanto mayor sea la diversidad geográfica y mejor correspondan los límites político-administrativos con esa diversidad. Y esta segunda condición aún no se da.
Para empezar, de sus nueve departamentos sólo Oruro y Pando pueden ser considerados homogéneos. ¿Cómo conseguir que la descentralización estimule la eficiencia económica? Haciendo que se oriente primordialmente a asociaciones municipales que correspondan con regiones homogéneas.
¿Cómo lograr que el nuevo modelo sea políticamente viable? El gobierno de Paz Pereira acierta al comenzar por mostrar los grandes daños causados por el modelo del MAS, empezando por la corrupción –el principal obstáculo para el desarrollo– que el estatismo y el centralismo exacerbaron. Pero es indispensable que se tenga claro hacia dónde se está yendo.
La experiencia internacional muestra que lo más conveniente es que los gobiernos nacionales elaboren planes de desarrollo bajo las bases y condiciones indicadas –y luego controlen su ejecución– contando para ello con un Ministerio de Planificación integrado por profesionales altamente calificados. Y que el desarrollo económico de cada región se debe enfocar de manera similar.
Iván Finot - Economista
