El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, aseguró este sábado que se encuentra obligado a entregar la documentación del mercado Mercado Mutualista, en cumplimiento de una sentencia constitucional, y afirmó que fue el único que defendió estos predios en medio de cuestionamientos y decisiones del Concejo Municipal.
Durante una conferencia de prensa, la autoridad edil denunció una supuesta “traición” del Concejo, al señalar que los concejales realizaron una sesión en horas de la noche para avalar la entrega de documentación. “Yo fui el único que defendió esto. ¿Dónde estaban los concejales y las instituciones que hoy salen a la prensa? Cuando pedimos salir a defender el Mutualista, esto ya era de conocimiento público”, expresó.
Fernández sostuvo que esta situación derivó incluso en su imputación, al no haber cumplido inicialmente con la entrega de documentos en el plazo de cinco días establecido por un amparo constitucional. “Tenía cinco días para entregar la documentación y hoy me encuentro imputado”, afirmó.
El alcalde aclaró que, hasta el momento, no se ha realizado ninguna entrega oficial de los planos ni del certificado catastral del mercado, aunque reconoció que el proceso ya está en curso. “No se ha entregado todavía nada oficialmente porque se está elaborando el plano y el certificado catastral. Si no se entrega, vamos a tener problemas como los que ya tengo”, explicó.
La polémica se intensificó luego de que los concejales Alberto Vaca y Lola Terrazas denunciaran que la Alcaldía pretendía transferir los planos del terreno del Mutualista a la familia Crapuzzi, que reclama la propiedad del predio. Desde el municipio, sin embargo, se indicó que se trata del cumplimiento de una resolución constitucional.
Fernández insistió en que su gestión ha intentado defender los predios del mercado mediante distintos recursos legales, aunque estos no prosperaron. “Hay una sentencia constitucional y usted sabe que las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio”, remarcó.
Finalmente, el alcalde atribuyó el origen del conflicto a decisiones previas, responsabilizando a quienes aprobaron una ley en 2024 que anulaba el dominio municipal sobre los terrenos del Mutualista, lo que —según dijo— derivó en la actual situación legal.
