Bolivia no necesita otro informe técnico para entender lo evidente: el problema de las empresas públicas dejó de ser contable y se volvió moral. El verdadero escándalo no es el ranking de pérdidas, sino la decisión política de mantener operando estructuras deficitarias mientras el país atraviesa una crisis de divisas, presión inflacionaria y creciente deterioro fiscal.
Los números son contundentes. Empresas como YPFB, YLB, BOA o Mi Teleférico no solo repiten déficits, sino que los profundizan. El caso de YPFB es paradigmático: puede mostrar equilibrio operativo en el corto plazo, pero destruye valor cuando se consideran subsidios, tipo de cambio y costos reales. Es decir, funciona… pero empobrece al país. Y lo hace en un contexto donde cada dólar cuenta, donde importar combustibles es cada vez más caro y donde el margen de maniobra fiscal se reduce peligrosamente.
El problema de fondo no es la existencia de empresas públicas. Es su captura por la ineficiencia, la falta de control y, sobre todo, la ausencia de decisiones. Bolivia sostiene un modelo donde perder dinero no tiene consecuencias. Donde una empresa puede fallar sistemáticamente sin que nadie rinda cuentas. Donde el costo de la mala gestión se socializa entre millones de ciudadanos que enfrentan escasez de dólares, aumento de precios y deterioro de servicios básicos.
El argumento de la “función social” ha sido utilizado como escudo para justificar cualquier nivel de déficit. Pero incluso lo social tiene límites. Mi Teleférico puede tener un impacto positivo en movilidad urbana, pero eso no justifica pérdidas crecientes sin evaluación. BOA opera en un mercado con ventajas evidentes y aun así pierde dinero. YLB, llamada a ser la esperanza del litio, no logra traducir su potencial en resultados concretos. EBA y ECEBOL reflejan lo mismo: inversiones sin retorno, planificación deficiente y ejecución cuestionable.
Mientras tanto, el país enfrenta restricciones reales. Faltan dólares, el déficit fiscal presiona, el subsidio a los carburantes se vuelve insostenible y el contexto internacional —con precios del petróleo al alza— amenaza con agravar todo. Cada boliviano destinado a cubrir pérdidas es un boliviano que no va a salud, educación o infraestructura. Esa es la verdadera dimensión del problema.
Aquí es donde el ranking de la vergüenza se convierte en algo más grave: una radiografía de la inacción. Porque lo realmente vergonzoso no es que existan empresas deficitarias, sino que no exista una política clara para enfrentarlas. No hay clasificación efectiva entre empresas sociales, estratégicas y productivas. No hay metas de eficiencia. No hay sanciones. No hay cierres.
La solución no pasa por discursos ideológicos, sino por decisiones concretas. Evaluar, reestructurar o cerrar. Abrir espacio a alianzas público-privadas donde el Estado ha demostrado incapacidad. Corregir el modelo de subsidios que distorsiona precios y destruye valor. Profesionalizar la gestión y eliminar la interferencia política.
Bolivia ya no está en condiciones de financiar errores indefinidamente. Seguir sosteniendo empresas inviables no es una política social: es una irresponsabilidad económica. Y en tiempos de crisis, la irresponsabilidad no solo se mide en números rojos, sino en oportunidades perdidas.
El ranking de la vergüenza existe. Pero el verdadero juicio no está en los balances, sino en la decisión de no hacer nada.
