Las almas comunicativas —léase, chismosos— están circulando especialmente en el foro trascendidos cada vez más sonoros y sospechosos acerca de que al ejecutivo le estaría tentando, al peor estilo del totalitarismo del que ojalá realmente nos hayamos librado for ever, meterle —"doctrina Morales"— por Decreto Supremo el nombramiento a dedazo de los altos cargos restantes del Tribunal Constitucional (faltan 5 bancas) y del Tribunal Supremo (2).
Con esa reserva de inventario entonces, utilizo esa hipótesis de trabajo para analizar esa posibilidad que constituiría un soberano canto a la estupidez política, jurídica, constitucional y convencional. No es que esté a favor del demostrablemente fracasado sistema de elección popular de esos altos cargos, pues no produce idoneidad ni independencia —que es lo que se requiere para quienes cierran los sistemas de justicia internos—, sino solamente legitimidad popular (cuando le ganan en cada caso a mi eterna candidata, la Drita. Blanca Nulo de Pifiado), lo que en la mayoría de los casos —hay que hilar bien fino en cada banca— se ha producido en la última parcial elección, pero… nos guste o no, ese sistema es el que está vigente según la Constitución ensangrentada de La Calancha y, por tanto, pese a quien pese, debe no más cumplirse por el poder público y el soberano.
Cabría recordar además que ese sistema de elección popular de magistrados —adoptado, según se dice, para darles legitimidad por sobre la idoneidad, la independencia, etc.— no les interesaba ni por la tapa al tirano de Orinoca y sus cómplices, pues requerían de serviles juristas del horror que les aprobaran su "derecho humano" a empernarse sine die en el poder u otras disposiciones similares. Dicho sistema fue incluso validado por el soberano mediante el 61,43% de los votos del referéndum de salida del proyecto aprobado en la accidentada Asamblea Constituyente. En consecuencia, el poder constituido (ejecutivo) no puede cambiar lo que el poder constituyente, mal o bien, así aprobó y dejó ordenado.
Por lo tanto, ese sistema propuesto y validado es el único constitucionalmente vigente. Ir por vías distintas a lo que el soberano —mal o bien— decidió sería una enorme estupidez y, lo que es peor, un autogol para las credenciales democráticas del gobierno —que personalmente creo válidas, aunque no falta algún mal iluminado que podría tentar al Presidente—. Además de chocar frontalmente contra la CPE, constituiría una enorme desviación de poder taxativamente vedada por lo menos por estas cláusulas: a) las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano, ni son delegables entre sí; b) ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase podrán conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en la Constitución; por lo que c) no podrá acumularse el poder público, ni otorgarse supremacía por la que los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución queden a merced de órgano o persona alguna.
Esas vallas impuestas al poder —sea el que sea— fueron patéticamente ignoradas por los "guardianes" de la CPE cuando sus impresentables magistrados anteriores se asociaron delictuosamente, empezando por autoprorrogarse fallando en su propio beneficio y luego, de manera indignante, continuaron erigiéndose en jueces de su propia causa, impidiendo sistemáticamente todos los intentos para elegir a sus legales sucesores. Al extremo grosero para un Estado que se supone está sujeto al imperio del Derecho, hoy siguen gozando de la más insultante impunidad: ¿entre bomberos no se pisan las mangueras? Empezando por el ninguneado FGE. (Pregunten a la DEA…)
De meterle entonces por encima de aquellas consideraciones de Derecho brevemente expuestas —con algo de llaga de mi parte—, el actual gobierno cometería un soberano disparate al designar por dedazo a algunos impresentables colegas, siempre listos a cinco minutos de gloria y eterno oprobio, que lo aceptarían —como ocurrió con algunos en la época del tirano, quienes plancharon sus ternos y corrieron a asumir esas peguitas— con la condición del indigno servilismo al patrón que los designa y, lo que es peor, la prostitución del sistema de gobierno y de justicia.
No podemos volver a esas oscuras épocas, ni siquiera so pretexto de la lenidad de la Asamblea Legislativa, que no ha convocado para completar las elecciones judiciales delincuencialmente abortadas por los autoprorrogados, o la evidente urgencia para liquidar las cerca de 20.000 causas —de seres humanos clamando por justicia oportuna y eficaz— que pernoctan en el TCP. Urge huir de esas tentaciones totalitarias, pues ante todo la institucionalidad debe prevalecer, ya que como sentenció la gran Ayn Rand: "El Estado absoluto no es más que una forma institucionalizada de pandillaje político, sea cual fuere la banda que se adueña del poder." ¡¡¡Advertencia!!! entonces…
