En la madrugada del domingo, el régimen iraní admitió haber ejecutado una serie de ataques coordinados contra infraestructuras energéticas en cuatro países de la región: Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait. La operación fue reivindicada por la Guardia Revolucionaria de Irán, que la describió como una respuesta directa a los bombardeos previos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones en territorio iraní.
La Guardia Revolucionaria precisó que los objetivos seleccionados incluyeron refinerías, plantas petroquímicas y complejos de energía de alto valor estratégico. Entre los blancos confirmados figuran una refinería en Haifa, instalaciones de gas en Habshan y una planta petroquímica en Al Ruwais, en los Emiratos Árabes Unidos, según información difundida por la agencia Tasnim.
En Kuwait, los ataques dejaron una huella visible sobre la infraestructura gubernamental y energética del país. El Ministerio de Finanzas informó que el edificio del Complejo de Ministerios en la capital fue impactado por un dron durante la noche del sábado, provocando daños materiales aunque sin víctimas reportadas. Como medida preventiva, los empleados fueron trasladados al trabajo remoto mientras se evalúan los daños.
La Corporación Petrolera de Kuwait confirmó que su complejo en Shuwaikh fue alcanzado por drones iraníes en las primeras horas de la madrugada, desencadenando un incendio que obligó a la evacuación total del edificio. Paralelamente, el Ministerio de Electricidad, Agua y Energía Renovable reveló que dos plantas de energía y desalinizadoras resultaron afectadas, dejando fuera de servicio dos unidades de generación, aunque garantizó la continuidad de los servicios esenciales para la población.
En los Emiratos Árabes Unidos, la Autoridad Nacional de Gestión de Crisis y Desastres confirmó que los sistemas de defensa aérea lograron interceptar una amenaza de misiles proveniente de Irán. Pese a las intercepciones, los restos de varios proyectiles derribados provocaron incendios en la planta petroquímica de Borouge, que fueron atendidos con rapidez por los equipos de emergencia desplegados en el lugar.
Bahréin también registró consecuencias directas del ataque. El Ministerio del Interior informó que los servicios de defensa civil lograron extinguir un incendio declarado en un almacén de Bapco Energies, empresa que opera en el sector energético del país. Las autoridades bahrenís atribuyeron el incidente a lo que denominaron "agresión iraní", sumándose a las condenas de Kuwait y los Emiratos.
Teherán justificó la ofensiva señalando que los puntos atacados constituyen infraestructuras clave para el suministro energético y el apoyo logístico militar de la región. El gobierno iraní calificó su acción como proporcional, en respuesta a bombardeos que afectaron instalaciones petroquímicas iraníes y el puente B1 de Karaj, una obra aún en construcción.
La Guardia Revolucionaria no ocultó su postura beligerante ante eventuales represalias. En un comunicado, advirtió que si se repiten ataques contra objetivos no militares en Irán, la siguiente fase de su respuesta será más amplia y contundente, manteniendo así una atmósfera de máxima tensión en todo Oriente Medio.
La comunidad internacional reaccionó con preocupación ante la escalada. El Consejo de Seguridad de la ONU pospuso la discusión de una resolución que habilitaría el uso de la fuerza para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el comercio global de petróleo, gas y fertilizantes. Estados Unidos respalda dicha iniciativa, que busca preservar el tránsito energético en la zona.
El impacto en los mercados no tardó en hacerse sentir. La interrupción de la ruta del estrecho de Ormuz ya incidió en el flujo internacional de crudo y generó alarma en los mercados globales de energía, con efectos sobre los precios del petróleo. Precedentes de autorización internacional para el uso de fuerza en contextos similares se registraron en Irak en 1990 y en Libia en 2011.
Los tres países del Golfo afectados coincidieron en que sus sistemas de defensa lograron interceptar parcialmente los drones y misiles lanzados desde Irán, lo que permitió reducir el alcance de los daños materiales. No obstante, las autoridades de cada nación reforzaron los protocolos de seguridad en torno a su infraestructura crítica ante la posibilidad de nuevos ataques.
La crisis abre un escenario de alta incertidumbre para la región y el mundo. Mientras las negociaciones diplomáticas avanzan a paso lento, gobiernos y empresas energéticas revisan sus planes de contingencia y mantienen la vigilancia máxima. La advertencia iraní de una "segunda fase" más devastadora mantiene en vilo a los actores regionales e internacionales, convirtiendo cada movimiento en una pieza clave de un tablero geopolítico cada vez más volátil.
