Bolivia atraviesa un momento que debería avergonzar a quienes dicen defender la democracia. Lo ocurrido con Nueva Generación Patriótica (NGP) y la segunda vuelta por la Gobernación de La Paz no es un simple tropiezo procedimental: es un espejo brutal que refleja el estado de putrefacción en que se encuentra nuestra cultura política, y lo más grave es que ocurre precisamente cuando más necesitamos demostrar que somos capaces de construir algo diferente a lo que el MAS nos impuso durante casi dos décadas.
Recapitulemos lo sucedido. René Yahuasi, candidato que obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta con el 9% de los votos, fue abandonado por su propio partido a menos de un mes del balotaje. Edgar Uriona, líder de NGP, presentó una declinatoria sin consultar al candidato, desde el exterior del país, destruyendo de un plumazo el derecho ciudadano a votar en segunda vuelta.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), lejos de ponderar el impacto democrático de esa decisión, procedió con llamativa celeridad a proclamar gobernador a Luis Revilla, quien había cosechado el 20% de los votos válidos en primera vuelta. Eso equivale al 15% del total de votos emitidos, contando nulos y blancos. Un gobernador que llega al cargo sin que los paceños hayan tenido la oportunidad de respaldarlo mayoritariamente en un balotaje no es un gobernador electo: es un gobernador designado por una maniobra.
La ley, hay que decirlo, es cómplice. La Ley 026 de Régimen Electoral, aprobada durante el gobierno de Evo Morales y vigente desde hace 16 años, permite esta aberración. Permite que el líder de un "taxipartido" —organización sin pueblo, sin militancia, construida sobre firmas y no sobre convicciones— decida la suerte electoral de miles de ciudadanos. Esa ley debe cambiar urgentemente, y quienes hoy articulan el proceso de recuperación democrática en Bolivia tienen la responsabilidad histórica de impulsar esa reforma sin demora.
Pero la ley no absuelve al TSE. La institución que debía ser guardiana de la voluntad popular optó por la literalidad burocrática antes que por el espíritu democrático. Proclamar a un gobernador con semejante premura, sin agotar todos los recursos posibles para preservar el derecho al voto, es una claudicación institucional que mancha su credibilidad. Las posteriores amenazas de sanción "ejemplarizadora" contra NGP suenan a cinismo: primero se acepta el atropello, luego se anuncia el castigo.
Y aquí viene lo más doloroso. Esta conducta no tiene nada que envidiarle al MAS. La manipulación de siglas, el desprecio por la voluntad popular, los acuerdos oscuros entre bastidores, la instrumentalización de las normas para garantizar resultados predefinidos: eso es exactamente lo que durante 20 años denunciamos como la esencia del autoritarismo masista.
Cuando los articuladores del cambio replican los mismos vicios, no solo traicionan su propio discurso, sino que le regalan al radicalismo del MAS el argumento más poderoso que podría desear: la prueba de que nada ha cambiado realmente. Bolivia merece mejor. Los paceños merecían votar. La democracia no se reconstruye con los métodos que la destruyeron.
