El Medio Oriente vuelve a colocarse en el centro de una crisis con efectos globales. El conflicto en torno a Irán y la amenaza sobre el Estrecho de Ormuz -por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial- han encendido las alarmas del sistema energético.
El mercado ya reaccionó. El precio del petróleo se ha incrementado en más de un 50% en pocas semanas. Los expertos coinciden en que no es una oscilación pasajera. Cuando el petróleo sube, todo sube.
El golpe recae con mayor fuerza sobre los países dependientes de importaciones energéticas. Bolivia es uno de ellos.
Aquí comienza nuestro problema.
Bolivia compra la mayor parte del diésel y una porción creciente de la gasolina que consume. Lo hace dentro de un esquema distorsionado que se arrastra desde hace años. Se mantuvieron precios artificialmente bajos y subsidios crecientes. Pero, sobre todo, se dejó de lado una política energética seria. El resultado está a la vista. El gas se agotó. Mientras se dilapidaban los mayores ingresos de nuestra historia, los pozos seguían produciendo sin reposición.
Antes, este tipo de crisis tenía otro efecto en Bolivia. Cuando el país era exportador neto de hidrocarburos, el alza del petróleo significaba más ingresos, más divisas y más margen fiscal. Ese contexto internacional fue, en buena medida, el que permitió la abundancia de recursos durante el gobierno de Evo Morales. Hoy ocurre lo contrario. Lo que antes aliviaba, ahora presiona. Esa es la paradoja de nuestra situación energética. Hemos pasado de beneficiarnos del ciclo internacional a quedar expuestos a sus peores efectos.
El Estado importa combustibles a precios internacionales y los vende internamente a valores que no reflejan esa realidad. La diferencia -la subvención- sale de las arcas fiscales. Cuando el precio del petróleo sube, ese costo se dispara sobre un sistema ya tensionado.
Esa ficción pesa. Y pesa cada vez más. Pero el problema no es solo económico.
La crisis por la mala calidad de la gasolina, que ha provocado daños en vehículos, dejó un clima social adverso. En ese contexto, cualquier intento de ajustar precios se vuelve políticamente inviable. El Estado compra caro, vende barato y no logra corregir.
A esto se suma otro factor que estrecha aún más el margen. La disponibilidad de recursos en el Banco Central de Bolivia es limitada. Las reservas ya no cumplen el papel que antes sostenía estos desequilibrios. Cada dólar destinado a la subvención es un dólar que se pierde para sostener la estabilidad.
El cuadro es claro. Estamos frente a un shock externo que encarece la energía, un modelo interno que subsidia el consumo, menos divisas y un gobierno sin margen para corregir precios.
La historia ya nos mostró situaciones similares. En 1985, al inicio del gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro, el colapso del precio del estaño -entonces principal producto de exportación- agravó la crisis y forzó decisiones duras, como el retiro de miles de trabajadores mineros. El contexto externo no esperó. La respuesta fue inmediata.
Si el conflicto actual se prolonga, el aumento del gasto en combustibles será difícil de sostener. Llegado ese punto, las opciones serán ajustar precios, ampliar el déficit o restringir el suministro. Todas ellas incómodas.
No hay salidas fáciles. La lección es sencilla. En momentos como este, postergar decisiones no es prudencia.
El precio del petróleo no lo controlamos. Lo que sí depende de nosotros es la forma de enfrentar la adversidad.
