El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el jueves un nuevo estado de excepción por 60 días para combatir el crimen organizado, medida que afecta a nueve de las 24 provincias del país, incluidas Quito y Guayaquil, las principales ciudades, así como a cuatro municipios de otras tres provincias.
Durante la vigencia del estado de excepción quedarán suspendidos los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, permitiendo a la Policía y a las Fuerzas Armadas ingresar a viviendas sin autorización judicial previa e interceptar comunicaciones.
Las Fuerzas Armadas también se desplegarán para realizar operativos contra organizaciones criminales, en coordinación con la Policía.
El decreto fue emitido en vísperas del inicio de los tres días festivos por Semana Santa, en momentos en que millones de ecuatorianos se movilizan por el país.
Las provincias bajo la medida se concentran principalmente en la costa, donde operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, que utilizan Ecuador como ruta para enviar cocaína —producida principalmente en Colombia— hacia Europa y Estados Unidos.
Entre las jurisdicciones incluidas figuran Esmeraldas y El Oro, fronterizas con Colombia y Perú, respectivamente, así como Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha (donde se ubica Quito) y Sucumbíos, provincia amazónica donde recientemente se desarrollaron operaciones militares conjuntas con Estados Unidos para destruir campamentos de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC.
Desde 2024, con la declaración de “guerra” al crimen organizado, Noboa decretó varios estados de excepción de diferente alcance, llegando en algunos casos a cubrir todo el territorio nacional.
El objetivo es frenar la crisis de violencia criminal, aunque Ecuador continúa encabezando las estadísticas de homicidios en Latinoamérica, con más de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025.
El toque de queda anterior, impuesto desde el 15 de marzo en cuatro provincias de Ecuador para enfrentar la delincuencia, concluyó la madrugada del lunes pasado, dejando más de un millar de detenidos. La medida, que abarcó Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, finalizó a las 05:00 hora local tras dos semanas de restricciones nocturnas.
Según el Ministerio del Interior, hasta el 29 de marzo se registraron 1.283 detenidos, en su mayoría por violar el toque de queda. El Ministerio de Defensa reportó la captura de 806 personas y la destrucción de 47 objetivos militares, como caletas de armamento, centros de mando de grupos armados y pistas clandestinas.
Durante la vigencia del toque de queda, las autoridades incautaron 651 armas blancas y de fuego, 5.069 municiones, 5.401 explosivos, más de 25.000 dólares en efectivo, y destruyeron cinco pistas clandestinas y 256 bocaminas en zonas de minería ilegal.
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que se alcanzaron los resultados esperados y que las operaciones de control continuarán en todo el país. “Este año no vamos a dar tregua, este año vamos a hacer todo lo que se puede y no se puede por el tema de seguridad de los ecuatorianos”, declaró en la radio Forever. Reimberg subrayó que en 2025 lograron capturar “a todos los cabecillas que nadie se atrevió nunca a tocarlos”.
Ecuador ratificó el acuerdo con la UE para intercambiar datos con Europol
En materia de seguridad internacional, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó el pasado 27 de marzo un acuerdo de cooperación con la Unión Europea para el intercambio de datos, en respuesta al avance del crimen organizado y al creciente papel del país como punto estratégico en las rutas del narcotráfico hacia el viejo continente.
La decisión se formalizó mediante un decreto presidencial, tras el proceso institucional que contó con el aval de la Corte Constitucional, la cual determinó el 29 de enero que el acuerdo no requería aprobación legislativa previa. Esto permitió al Ejecutivo proceder con la ratificación directa del instrumento, firmado originalmente en septiembre de 2025.
El acuerdo establece un marco de cooperación entre Ecuador y Europol, la agencia europea de coordinación de inteligencia criminal, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información, incluidos datos personales, para combatir delitos transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo.
