El diputado de Alianza Unidad, Juan del Granado, miembro de la Comisión de Constitución, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), enfocado en el sistema judicial. Estos son tres de los ejes centrales:
Selección de magistrados
El anteproyecto de ley propone un nuevo modelo para la selección de magistrados. El mismo elimina la preselección directa por parte de la Asamblea Legislativa. En su lugar, se crea una Comisión Nacional de Postulaciones, la cual será un órgano independiente encargado de evaluar méritos, trayectoria y probidad de los postulantes.
La Comisión estará formada por nueve personalidades ciudadanas e independientes pertenecientes a la Asamblea Legislativa, al sistema universitario, a las organizaciones de la prensa nacional, al Colegio Nacional de Abogados, a la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados y al sistema indígena originario.
Esta nueva instancia deberá elaborar ternas que serán remitidas al Legislativo para su designación, la cual, posteriormente, deberá ser ratificada mediante voto ciudadano en un referendo.
Universalización del acceso a la justicia
Otro de los pilares propone medidas orientadas a acercar el servicio a la población y transformarlo en un derecho efectivo. La propuesta reconoce que actualmente la justicia es costosa y poco accesible, especialmente para sectores vulnerables. Para evitar esta situación, plantea la creación de juzgados de paz en barrios urbanos.
Asimismo, promueve el uso de mecanismos alternativos como la conciliación y el arbitraje, con el fin de reducir la carga procesal. Igualmente, propone fortalecer la justicia indígena originaria campesina, otorgándole un rol efectivo dentro del sistema judicial y brindando reconocimiento institucional.
Eliminación de la Procuraduría General del Estado
El proyecto plantea la eliminación de la Procuraduría General del Estado bajo el argumento de que tiene un bajo rendimiento en la defensa jurídica del país. Asegura que Bolivia solo ganó dos de los 28 arbitrajes internacionales en los que ha estado involucrado. Como resultado de estos procesos, el país tiene una deuda millonaria que asciende a 444 millones de dólares.
En ese marco, la propuesta busca prescindir de la institución y, en su lugar, contratar servicios legales especializados, tanto nacionales como internacionales, que permitan una defensa más eficiente de los intereses del Estado.
La iniciativa apunta a una transformación profunda del sistema judicial, con el objetivo de garantizar una justicia independiente, transparente, accesible y alineada con los principios del Estado de derecho.
