La reciente mejora en la calificación de Bolivia por parte de Standard y Poor’s, de CCC- a CCC+, ha sido presentada como un respiro en medio de la asfixia económica. Sin embargo, más que un signo de recuperación, es una advertencia elegante: el país no está mejor, solo está menos cerca del colapso. Este escenario representa tanto una oportunidad política como un campo minado económico.
El principal riesgo radica en confundir liquidez con solvencia. Bolivia ha “ganado tiempo” gracias a medidas coyunturales como el canje de deuda externa por interna, la reducción parcial de subvenciones y la expectativa de financiamiento externo. Pero ninguna de estas acciones resuelve los problemas estructurales. Gobernar bajo esta ilusión puede llevar a decisiones complacientes, cuando en realidad se requiere cirugía mayor.
Uno de los desafíos más complejos será el frente fiscal. El país arrastra más de una década de déficit sostenido, con un gasto público rígido y difícil de recortar sin costos políticos. Cualquier intento serio de ajuste —especialmente en subvenciones o empleo estatal— implicará tensiones sociales. El reto para Paz no es sólo técnico, sino profundamente político: cómo ordenar las cuentas sin desatar una crisis de gobernabilidad.
A esto se suma la fragilidad externa. Las reservas internacionales en divisas están en niveles críticos, lo que limita la capacidad de respuesta ante shocks internacionales. En un contexto global incierto, marcado por conflictos geopolíticos y volatilidad en los mercados, Bolivia sigue siendo altamente vulnerable. La dependencia de financiamiento externo y exportaciones poco diversificadas agrava esta exposición.
Otro punto crítico es la confianza. La mejora de calificación envía una señal moderadamente positiva, pero insuficiente para atraer inversión sostenida. Sin seguridad jurídica, reglas claras y estabilidad institucional, cualquier gobierno enfrentará dificultades para generar el flujo de capitales que el país necesita.
Además, está el factor político interno. Las reformas estructurales necesarias —fiscales, cambiarias e institucionales— requieren aprobación legislativa. Si la Asamblea se convierte en un obstáculo, el margen de maniobra del Ejecutivo se reducirá drásticamente. Gobernar sin mayorías claras en un contexto económico frágil puede paralizar decisiones clave y profundizar la incertidumbre.
El mayor riesgo no es el fracaso por falta de diagnóstico, sino por falta de ejecución. Las soluciones están identificadas: disciplina fiscal, fortalecimiento del sector externo y reformas institucionales. El problema es que todas implican costos inmediatos y beneficios diferidos, una combinación políticamente incómoda.
La mejora de SyP no debe celebrarse como un logro, sino interpretarse como una prórroga. Bolivia no ha salido de la zona de peligro; simplemente ha postergado el desenlace. El próximo gobierno tendrá que decidir si utiliza este tiempo para transformar la economía o si, como ocurrió en el pasado, opta por administrar la crisis hasta que vuelva a estallar.
El mayor riesgo no es el fracaso por falta de diagnóstico, sino por falta de ejecución. Las soluciones están identificadas: disciplina fiscal, fortalecimiento del sector externo y reformas institucionales. El problema es que todas implican costos inmediatos y beneficios diferidos, una combinación políticamente incómoda.
