Ha pasado más de un mes desde que se desató el escándalo de la gasolina de mala calidad y siguen multiplicándose las explicaciones, los comunicados, las promesas, las mesas técnicas, los seguros solidarios y plataformas digitales. Más de un mes, y lo único que el ciudadano tiene claro es que el Estado no tiene nada claro.
El propio gobierno admitió que se distribuyó gasolina de mala calidad. YPFB reconoció fallas estructurales en su sistema de almacenamiento, residuos en tanques, mezcla con combustible antiguo y, lo más alarmante, que ni siquiera puede cuantificar con precisión cuánto combustible defectuoso ingresó al país. Es decir, el problema existe, el daño es real, pero la magnitud sigue siendo un misterio. ¿Cómo se puede confiar en una institución que ni siquiera sabe cuánto falló?
Las consecuencias están a la vista. Según el Colegio de Ingenieros Mecánicos, hasta el 60% de los vehículos en talleres presentan fallas relacionadas con la gasolina. Los choferes hablan de más de 7.000 unidades afectadas. Las colas desaparecieron de los surtidores, pero ahora se trasladaron a los talleres mecánicos. La limpieza de inyectores, bombas y motores se ha vuelto rutina. La venta de aditivos se ha convertido en un negocio redondo. Y el ciudadano, como siempre, paga la factura.
Las explicaciones oficiales cambian constantemente. Primero se dijo que todo estaba dentro de norma. Luego se habló de residuos heredados. Después, de fallas estructurales. Más tarde, de parámetros insuficientes de control. Finalmente, de un “bache técnico”. Demasiadas versiones y excusas para un solo problema. El presidente de la CAINCO lo dijo con claridad: el país necesita certidumbre, pero ésta no llega con discursos, sino con resultados.
Y ahora viene la siguiente etapa del absurdo: el resarcimiento. El Estado anuncia seguros, compensaciones y registros, pero todos sabemos cómo funcionan estos procesos. Burocracia interminable, papeleo absurdo, discrecionalidad y la infaltable corrupción. Los beneficiados no serán necesariamente los más afectados, sino los más cercanos al poder, los más organizados políticamente, los mismos de siempre.
Lo más grave no es el error técnico. Lo imperdonable es la incapacidad de resolverlo con rapidez, claridad y transparencia. Es inadmisible la improvisación y que, después de más de un mes, el gobierno siga sin poder garantizar algo tan básico como la calidad de la gasolina.
Bolivia necesita un cambio profundo, abrir el mercado, permitir la participación privada, introducir competencia real. Porque donde hay competencia, hay calidad, pues el monopolio sólo genera mediocridad. El Estado debe tener la humildad de admitir que no puede ni siquiera con algo tan básico. Debe renunciar al estatismo como dogma y asumirlo como lo que es: una receta segura para el atraso. No se trata de ideología sino de resultados. Y los resultados están a la vista: gasolina más cara, motores dañados y ciudadanos abandonados.
La gasolina no es un lujo. Es una necesidad básica para el funcionamiento de la economía, del transporte, de la vida diaria. Garantizar su calidad no es una hazaña técnica. Es una obligación elemental. Por eso, la pregunta no es exagerada. Es profundamente razonable. Gasolina de calidad. ¿Es mucho pedir?
