En Bolivia existen verdaderos expertos en inflación, que además la vivimos personalmente durante el gobierno de la UDP (1982-85). La vimos arrancar en lo que clasifico como inflación indexada, rompiendo en 1984-85 el récord Guinness de hiperinflación en tiempos de no guerra, con un 23.464% (interanual a septiembre de 1985). Luego, a fines de 1985, el indicador cayó durante los siguientes dos años para terminar en una gran recesión, que casi manda a la quiebra a más de medio país. Pasamos de un techo excesivo de inflación a un piso de grave recesión.
En el anterior artículo sobre pleno empleo analizamos los excesos y el abuso del sindicalismo que obligó a indexar la inflación, entre otras fallas graves de política monetaria y fiscal, con consecuencias hiperinflacionarias.
Durante el reciente gobierno de Luis Arce (2020-2025), empezamos a ver la punta del iceberg de una etapa que clasifico como inicio de una inflación galopante, en despegue y con potencial hiperinflacionario. En este caso, debido a una inflación de demanda provocada por exceso de gasto público, empresas públicas deficitarias y destrucción final de las RIN, con rápido incremento del tipo de cambio real del dólar. La base monetaria durante este periodo se incrementó 49% en cinco años.
En cuanto a la falacia o mito de que los gobiernos del MAS fueron más estables o menos inflacionarios que los del neoliberalismo, los datos reflejan un promedio de inflación de 5,45% anual durante los 20 años masistas (2006-2025). En las gestiones 1999-2005, el promedio fue 3,34%, una inflación no solo inferior, sino que denomino casi del Primer Mundo.
Actualmente estamos entrando en lo que clasifico como una reflación, es decir, una recesión con inflación. No es estancamiento lo que hay, sino una etapa de inflación de costos, con cifras proyectadas de -1,7% del PIB (por debajo de cero crecimiento). Dios quiera que puedan controlarla para evitar otra gran recesión similar a la post UDP, una recesión tipo año 2000 o una gran recesión mundial como la de 2007-2009 por la crisis inmobiliaria y financiera.
En Bolivia, el incremento en diciembre de 2025 de combustibles como el diésel (160%) y la gasolina (86%), sumados al aumento del salario mínimo en enero de 2026, de Bs 2.500 a Bs 3.300 (32%), han representado un considerable aumento de costos, lo que denomino inflación de costos. Esto va a causar un incremento de precios que aún no se ha manifestado plenamente, pero ocurrirá a lo largo de 2026.
Si vemos que la inflación (IPC) cerró 2025 con 20,4% y apenas se registra un incremento de 1,3% en enero de 2026, sabemos que el incremento interanual “arrastrado” de 12 meses será superior al 19,64%. Estaremos como una gaseosa sacudida, que podrá destaparse gradual o explosivamente.
En pocas palabras, las empresas y vendedores se han abstenido aún de incrementar precios para compensar el aumento de costos; por el momento están absorbiendo el impacto y reduciendo márgenes, a la espera de ver qué ocurre con un dólar en una franja de Bs 9 a 9,5. En recesión es mucho más difícil vender, sobrepasar el punto de equilibrio y no perder dinero. En resumen: una calma expectante de corto plazo durante 2026.
No se puede obviar el rol del Estado. En anteriores artículos me referí a los únicos tres subsidios que recomiendo. El tamaño actual del Estado y su gasto operativo son astronómicos: no es un elefante en la casa, es un dinosaurio depredador. No debería estar extinto, pero sí reducido a tamaño lagarto.
Es el Estado el que genera la inflación, no los privados, que compiten entre sí y contra competidores internacionales. El Estado requiere tanto dinero de ahorristas internos (AFP/Gestora) y fuentes institucionales que ya adeuda 33.000 millones de dólares, recursos que podrían financiar al sector privado en un conocido efecto “crowding out” o desplazamiento. Además, genera empleo improductivo al contratar miembros del partido, mantiene empresas deficitarias que amplían el déficit fiscal, sostiene burocracia en plena era digital y aplica subsidios generalizados en vez de focalizados, entre otros problemas.
De no detenerse este desangramiento, la expansión será una quimera y Bolivia continuará tambaleando, a diferencia de Perú y Chile, donde pese a alternancias políticas la visión de largo plazo permanece.
Era entendible la premura del gobierno por compensar el alza de carburantes, pero el aumento a Bs 3.300 mensuales representará una barrera adicional para la contratación formal. Para millones de informales, equivaldría a ganar un promedio de Bs 140 diarios. Un salario mínimo alto puede convertirse en barrera hacia la formalización: debería ser un piso, no una aspiración.
El aumento radical del salario mínimo (361 dólares al cambio paralelo) debería ser una excepción y no una regla, pues está por encima del de Brasil (298 dólares), Argentina (231), Perú (335), China —en 28 regiones— (RMB 2.000 = 287 dólares) y Rusia (RUB 27.093 = 353 dólares).
Si han leído con atención, habrán notado que Bolivia, desde 1982 hasta la fecha, ha pasado por hiperinflación, posteriores recesiones de distinto grado, crecimientos modestos, inflación galopante y ahora reflación. Asimismo, hemos experimentado los tres tipos clásicos de inflación: indexada, de demanda y de costos. Toda una aventura.
Por ello, en esta serie sobre paradigmas propongo algo que vengo defendiendo hace décadas: expansión como modelo de desarrollo, mediante una política de Supply Side Economics (Política Económica de Oferta – PEO). Que sea una gran oferta de producción y abastecimiento la que regule los precios hacia abajo, y no la política clásica y recesiva de contracción de la demanda.
El modelo tradicional de retorno al equilibrio mediante disminución de la demanda agregada genera despidos, mayores tasas de interés y recesión. En cambio, la Política Económica de Oferta permite crecer y, al mismo tiempo, bajar precios mediante una abundante oferta de bienes y servicios, mayor competencia, economías de escala y eficiencia productiva. Este tema será desarrollado en un artículo posterior.
El objetivo final es generar condiciones para aplicar esta PEO y lograr una inflación de entre 3% y 4% anual, que permita aumentos salariales vía productividad y eficiencia, expansión de mercados y exportaciones, no por decreto. Recomiendo no continuar expandiendo la base monetaria de manera inorgánica, con más billetes persiguiendo cada vez menos bienes y servicios.
*Babson ’82, ex catedrático universitario
