La sinceridad (o sinvergüenzura) de una autoridad de salud pinta de cuerpo entero el verdadero interés que tienen los gobernantes por la vida de la gente. Hace pocos días, después del Carnaval, admitió abiertamente que los operativos de fumigación, limpieza y control del mosquito transmisor de la chikungunya fueron nulos durante la fiesta. No hubo prevención, no hubo reacción, no hubo defensa. Mientras la población bailaba, el Estado se ausentaba, el mosquito avanzaba y la autoridad miraba hacia otro lado. Esa confesión no es un gesto de honestidad: es una prueba de abandono.
La chikungunya no debería matarnos. No es una enfermedad diseñada para exterminar poblaciones. Pero aquí nos mata. Nos mata la desidia, la falta de previsión, la irresponsabilidad de quienes tenían la obligación de actuar y no lo hicieron. El abandono institucional es grande.
Las cifras son brutales. En apenas dos meses, el departamento ya superó todos los casos del año pasado. Más de 3.800 contagios, decenas de hospitalizados y varios fallecidos. No es un accidente. Es el resultado directo de la inacción. Es el reflejo de meses perdidos, de campañas inexistentes, de operativos que nunca se realizaron. Es la factura de la negligencia.
Lo de la chikungunya no es un hecho aislado. Los paros son moneda corriente en los centros de salud. En el Hospital de Niños Mario Ortiz, los pacientes son atendidos en el piso. En la Maternidad Percy Boland, los recién nacidos sobreviven en condiciones indignas. El sistema está colapsado.
El propio Colegio Médico de Santa Cruz lo ha advertido con claridad: las autoridades han actuado tarde, mal o simplemente no han actuado. La epidemia de chikungunya no es una sorpresa. Es la consecuencia de la indiferencia.
El mosquito no apareció ayer. No es un enemigo invisible ni imprevisible. Es el mismo de todos los años. El mismo ciclo. La misma amenaza. Y, sin embargo, cada año las autoridades actúan como si fuera la primera vez. Cada año improvisan. Cada año reaccionan cuando el daño ya está hecho. No hay prevención, la reacción es tardía; en salud no se conoce la palabra planificación.
La chikungunya deja al descubierto la fragilidad del sistema, su precariedad y su abandono. Cuando el 30% del personal médico está enfermo, cuando los trabajadores no reciben sus salarios, cuando los hospitales no tienen insumos, cuando los pacientes deben comprar sus propias jeringas, la epidemia deja de ser biológica. Se convierte en política.
Y entonces la pregunta es inevitable: ¿quién es responsable? El mosquito transmite el virus, pero la irresponsabilidad transmite la epidemia. El insecto pica, pero la negligencia mata. El vector es biológico, pero el desastre es humano. La chikungunya nos mata porque nos encuentra indefensos y el Estado no cumple su función más básica que consiste en proteger la vida. Nos mata porque quienes deben anticiparse esperan que la tragedia ocurra para recién reaccionar. Nos mata porque la salud pública no es prioridad, es discurso.
Lo más grave es que esto no es nuevo. Es un ciclo repetido de olvido, crisis y olvido nuevamente. Cada año se empieza de cero. Cada año se aprende más tarde. Cada año se pierde. La chikungunya no debería ser una sentencia. Pero en un sistema abandonado, lo es.
