La Fiscalía Departamental de Santa Cruz, encabezada por Alberto Zeballos, y la Fiscalía General del Estado, liderada por Roger Mariaca, sostuvieron este viernes una reunión interinstitucional con representantes de universidades públicas y privadas de Santa Cruz, para conformar brigadas universitarias de lucha contra la violencia y socializar los alcances de la Ley 1636.
La normativa está orientada a la protección de la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, y forma parte de una iniciativa del Ministerio Público cuya reglamentación se encuentra en proceso. El objetivo es fortalecer las acciones preventivas y garantizar una sociedad más justa y libre de violencia.
“Este tipo de encuentros permiten fortalecer la lucha contra la violencia en razón de género y, en especial, mejorar la atención, prevención y protección de los grupos más vulnerables de la sociedad”, afirmó Zeballos.
Para avanzar en la implementación de la norma, se instaló una mesa técnica destinada a definir la ruta de acción y los alcances de la Ley 1636. “El objetivo central de esta mesa de coordinación es establecer lineamientos estratégicos que garanticen el acceso justo y equitativo a la justicia para los sectores más vulnerables”, agregó la autoridad departamental.
Durante la jornada, expusieron la fiscal coordinadora de la Unidad de Razón de Género, Margoth Vargas, y la fiscal de materia Daniela Cáceres, ambas especialistas en la temática, quienes destacaron la necesidad de prevenir de manera integral los delitos que afectan a menores de edad a través de medios digitales.
La Ley 1636, denominada Ley de Protección a la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, busca brindar una protección más eficaz y evitar la revictimización de quienes sufren hechos de violencia en entornos virtuales.
En ese marco, el Ministerio Público también destacó los avances tecnológicos implementados para mejorar la transparencia y el acceso a la información. Actualmente cuenta con un ecosistema digital moderno denominado “Roma”, que permite a las partes involucradas acceder en tiempo real al estado de los cuadernillos de investigación.
Por su parte, Mariaca señaló que la Ley 1636 nació como una propuesta del Ministerio Público, fue socializada con distintos sectores y posteriormente promulgada por el presidente saliente. La normativa incorpora cinco nuevos tipos penales destinados a sancionar delitos vinculados a la violencia sexual contra menores en plataformas digitales.
“La realidad nos mostraba numerosos hechos de violencia sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchos de estos casos se originan en juegos y aplicaciones en tablets e Internet, donde personas inescrupulosas se ocultan tras identidades falsas para vulnerar la integridad de los menores”, advirtió la autoridad.
