La administración de YPFB y por extensión, las autoridades del sector energético, tienen un problema central: nadie les cree. Y no se trata de un ataque político ni de una conspiración mediática. Se trata de hechos, de contradicciones públicas, de documentos revelados y de explicaciones que cambian según el micrófono. Cuando una empresa estratégica distribuye gasolina contaminada y no puede explicar con claridad cómo ocurrió, el daño no es solo mecánico: es institucional.
El país necesita señales inmediatas y contundentes de que estamos frente a una gestión distinta. No bastan comunicados que niegan todo. No alcanza con atribuir responsabilidades al pasado o hablar de “mano negra” sin nombres, sin procesos y sin resultados. Después de veinte años en los que el MAS convirtió a la petrolera estatal en sinónimo de ineficiencia, opacidad y sospecha permanente, la carga de la prueba recae hoy en quienes prometieron cambio.
El escándalo de la gasolina contaminada fue el primer golpe. Miles de vehículos afectados, transportistas indignados y un seguro solidario anunciado pero aún sin puntos claros de reparación. La explicación oficial habló de residuos en tanques heredados. Luego se habló de sabotaje interno. Más tarde, de investigaciones en curso. Pero lo que no hubo fue un informe técnico detallado, público y verificable que cierre el misterio y establezca responsabilidades.
A eso se suman las contradicciones sobre los contratos de crudo. Mientras el presidente de YPFB aseguraba que no existía contrato firmado con Trafigura, aparecieron documentos de adjudicación y versiones cruzadas sobre procesos en revisión. ¿Hay contrato o no? ¿Se importa crudo o las refinerías están desabastecidas? ¿Se paga más que antes o las comparaciones son técnicamente inválidas? Cada declaración abre una nueva duda.
En política energética, la confianza lo es todo. Bolivia importa más del 90% del diésel y más del 50% de la gasolina que consume. Dependemos del crédito, de traders internacionales y de condiciones financieras complejas. En ese contexto, cualquier sombra de sobreprecio o improvisación se convierte en pólvora social. Y el gobierno no puede permitirse administrar una empresa estratégica con discursos ambiguos.
Si realmente existe sabotaje interno, debe demostrarse con nombres, procesos y sanciones. Si hubo errores administrativos, deben reconocerse. Si se firmaron contratos, deben publicarse íntegros. Si no se firmaron, debe explicarse por qué existen documentos que indican lo contrario. La transparencia no es un eslogan: es información verificable, accesible y coherente.
La depuración interna es ineludible. No se puede hablar de nueva etapa manteniendo en puestos clave a operadores del viejo esquema. La señal más potente sería una auditoría internacional independiente sobre calidad de combustibles, contratos de importación y estructura de costos. No una comisión política más, sino un examen técnico con resultados públicos.
La ciudadanía está cansada de la falta de transparencia. Está cansada de que cada crisis termine en una batalla de versiones. YPFB no puede seguir siendo un nido de corrupción, ineficiencia e inoperancia, como lo fue durante años bajo el masismo. Si la actual administración quiere diferenciarse, debe actuar distinto. Con datos, con transparencia radical y con decisiones firmes.
