Más de tres meses después del inicio del gobierno de Rodrigo Paz, el gobierno anunció que se emitirá el “sello rojo” contra el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen para lograr ubicarlo y detenerlo en el marco del caso Botrading.
El“sello rojo”de Interpol es una notificación internacional emitida a solicitud de un país miembro para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada con fines de extradición.
Pese a tener orden a arraigo, Dorgathen se fugó del país tras el fin del gobierno de Luis Arce y sin embargo el gobierno entrante no solicitó su expulsión de territorio brasileño pese a esa evidente violación a la normativa boliviana. El expresidente de YPFB fue detectado por un grupo de bolivianos en una playa de Río de Janeiro con vestimenta veraniega.
De acuerdo con el informe deunacomisión legislativa especial, y tal como adelantóBrújula Digitaldesde 2023, Botrading fue creada en Paraguay en 2022 en reemplazo de YPFB Internacional. Su función era intermediar en la compra de combustibles para Bolivia, pero según la investigación legislativa, nunca tuvo operaciones reales, infraestructura ni personal.
El impulsor de la comisión, Carlos Alarcón, dijo que se estima que las operaciones de Botrading generaron un daño económico al Estado de 355 millones de dólares por haber adquirido combustible a mayor precio del internacional.
Dorgathen cuenta con mandamiento de aprehensiónyfue declarado rebelde y contumaz a la ley; hasta ahora solo tenía “sello azul” es decir una vía para lograr sulocalización internacional.
En ese marco, elprocurador general del Estado, Hugo León La Faye, informóayer juevesque en el marco de las investigaciones del caso Botrading II se notificó a cerca de 30 personas en los últimos días.
Señaló que se dispuso la anotación preventiva de sus bienes y que, con base en las imputaciones, se gestionará su remate para recuperar los montos que habrían sido malversados en perjuicio del Estado boliviano.
León reafirmó que la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos fue creada para atender la demanda ciudadana de esclarecer la administración de los recursos del sector y aplicar los procedimientos legales necesarios para recuperar los montos económicos que habrían sido dispuestos por exservidores públicos vinculados al área.
