Las elecciones subnacionales que se avecinan deberían marcar un punto de inflexión para Bolivia. No como un simple recambio de autoridades, sino como una oportunidad histórica para corregir uno de los mayores daños estructurales dejados por más de dos décadas de gestión del MAS: el abandono sistemático de las ciudades y la asfixia deliberada de los gobiernos locales.
Durante los últimos 20 años, el discurso oficial se concentró en el mundo rural, el campesinado y lo indígena, envuelto en una retórica ecológica, plurinacional y multicultural que, en los hechos, terminó siendo una estafa. Se canalizaron enormes cantidades de recursos que fueron mal invertidos, malgastados o directamente saqueados. El caso del Fondo Indígena es apenas el ejemplo más evidente de ese doble crimen: se usaron causas legítimas como coartada para el desfalco y, al mismo tiempo, se condenó al atraso a los sectores que se decía defender.
Mientras tanto, las ciudades quedaron relegadas. Fueron entregadas a la improvisación, a autoridades sin proyectos, sin planificación y sin visión de largo plazo. A esto se sumó un mecanismo perverso de saqueo institucional: programas como Evo Cumple, articulados con mafias de empresas constructoras, convirtieron a municipios y gobernaciones en simples ejecutores de obras decididas desde el poder central, muchas veces innecesarias, sobrevaluadas y financiadas con endeudamiento local. El resultado fue devastador: municipios endeudados, sin capacidad de inversión estratégica y sin autonomía real.
Este descuido es todavía más grave si se considera que hoy más del 80% de la población boliviana vive en ciudades. Las ciudades son el principal polo de atracción demográfica, económica y social del país. Son —o deberían ser— el corazón de la prestación de servicios: educación de calidad, salud eficiente, seguridad ciudadana, transporte, vivienda, planificación urbana y generación de oportunidades. Nada de eso se fortaleció. Por el contrario, muchas ciudades están hoy retrasadas al menos 20 años, atrapadas en el caos, la desorganización y la informalidad.
En los años 90, Bolivia había iniciado —con todas sus limitaciones— un proceso de fortalecimiento municipal, de metropolización, de articulación territorial y de descentralización. Ese camino fue interrumpido por el populismo centralista del MAS, que protagonizó uno de los procesos de concentración de recursos más brutales de la historia del país. Los ministerios, desde La Paz, absorbieron presupuestos, decisiones y poder, dejando a gobernaciones y municipios sin margen para proyectarse.
Por eso, estas elecciones subnacionales son clave. Las ciudades deben recuperar protagonismo, vitalidad y rumbo. Necesitan alcaldes y concejales con capacidad técnica, compromiso real con la modernidad y una visión clara de desarrollo urbano. Gobiernos locales profesionalizados, no operadores políticos ni improvisados.
La descentralización no es una consigna: es una condición del desarrollo. Los países más avanzados fortalecen sus gobiernos locales porque allí se juega el desarrollo humano concreto. El pacto fiscal, con una distribución real y equitativa de los recursos —50% para el nivel central y 50% para los gobiernos locales— es impostergable.
