El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, ratificó la determinación de retirar las personerías jurídicas de ADN y UCS puesto que se enmarca “estrictamente” en la Constitución Política del Estado y en la normativa vigente, y descartó cualquier posibilidad de modificar procedimientos legales por presiones.
“La respuesta es clara y firme: no nos pidan que cometamos un delito, no lo vamos a hacer. La Constitución y la ley son las que guían nuestro trabajo y deberían guiar el de todas las autoridades. Las reglas de este proceso electoral fueron definidas y aprobadas hace mucho tiempo”, señaló Ávila en referencia a los cuestionamientos surgidos en las últimas semanas. La autoridad electoral explicó que la cancelación de personerías jurídicas de algunas organizaciones políticas no es una decisión reciente ni discrecional, sino la conclusión de un procedimiento iniciado tras los comicios generales del año pasado. Indicó que dicho trámite fue suspendido temporalmente debido a recursos legales presentados por las propias organizaciones afectadas.
“Estas organizaciones se mantuvieron vigentes porque acudieron a un trámite ante el Tribunal Constitucional. Una vez que el TSE tomó conocimiento del fallo correspondiente, se actuó de manera inmediata y conforme a ley, procediendo a la cancelación de las personerías jurídicas”, precisó.
El fin de semana, el vicepresidente Edmand Lara acusó al órgano electoral de asumir supuestas decisiones políticas respecto a la vigencia de las personerías jurídicas de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), a menos de dos meses de las elecciones de autoridades municipales y departamentales. En un mensaje difundido en redes sociales, Lara calificó como “lamentable” la actuación del TSE y convocó a candidatos afectados a organizarse y emprender acciones legales, señalando sin pruebas que existirían presiones e intereses partidarios detrás de las determinaciones adoptadas.
De acuerdo con la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, las organizaciones que no alcanzan al menos el 3 % del total de votos válidos en la última elección pierden su personería jurídica. En las elecciones generales de 2025, tanto ADN como UCS no lograron superar ese umbral. Los resultados oficiales establecen que la alianza La Fuerza del Pueblo, conformada por UCS y MOP, obtuvo el 1,67 % de la votación, mientras que la alianza Libertad y Progreso-ADN alcanzó el 1,45 %.
