El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, informó que la denuncia y la investigación realizadas por su despacho contra la expresidenta de la Aduana Nacional se originaron gracias a una información que llegó a través del QR habilitado en diciembre de 2026, mecanismo mediante el cual se reciben denuncias de corrupción de la ciudadanía.
“Nosotros hemos recibido a través de una comunicación, a través del QR que hemos habilitado para toda la ciudadanía pueda hacer conocer sus denuncias, (ahí) hemos recibido un dato acerca de la construcción de las oficinas de la Aduana en la ciudad de Tarija”, indicó García, según una entrevista con el canal estatal.
De acuerdo con la autoridad, tras verificar la denuncia se encontraron “corrupción en dos vertientes: corrupción en la compra del terreno, porque habiendo dos proponentes, se le da (la licitación) al que ofrecía 1 millón más caro”.
Explicó que —en esta primera vertiente— “el que ofrecía 1 millón más barato no cumplía y resulta que el que ofrecía más no tenía ni quisiera los papeles saneados. Tenía 25 días para hacer la transferencia y esa se hace recién en dos años. Ese favorecimiento no es casual, ese favorecimiento tiene un trasfondo que lo estamos investigando”.
La segunda vertiente de presunta corrupción, según García, es un “proyecto de más de 22 millones de bolivianos, ha establecido un parámetro un rango de costo mucho mayor. La ejecución de una obra civil aproximadamente con materiales regulares estaba en 300 dólares el metro cuadrado, creeríamos que sería con altísima calidad, hubiera llegado a 500 dólares por metro cuadrado, la Aduana pagó aproximadamente 1.000 dólares por metro cuadrado”.
Agregó que esto “genera un daño económico aproximadamente de 9 millones de bolivianos que, sumados al millón de bolivianos del terreno, hacen un total inicial de 10 millones de bolivianos de daño”.
La denuncia presentada por Transparencia el jueves es contra la expresidenta de la institución, Karina Serrudo, que —en palabras de García— “no es por una cuestión personal o ideológica o política, sino que ella era la máxima autoridad ejecutiva de la Aduana”.
El inicio de la pesquisa
Aseveró que esta denuncia es el inicio de una investigación que trascenderá el “propio proceso de contratación”.
“Nos han indicado que existían redes de corrupción que operaban entre funcionarios allegados a los funcionarios y empresas y, pues, con seguridad esta investigación se va a ampliar”, aseguró.
Incluso, dijo que se convocará a más involucrados en el caso, como personeros de la unidad solicitante, de la unidad administrativa y a los técnicos de la comisión de calificación de proyectos. “Tienen dos alternativas, ser parte del proceso para que se amplíe la investigación o bien pueden generar su declaración en el que expliquen estas presuntas redes”.
Además, señaló que hasta la fecha se recibieron más de 60 denuncias contra diferentes instituciones y que la Aduana “no es la excepción” dentro de esas situaciones.
“Donde vamos hay hechos de corrupción por investigar y lamentablemente la Aduana no ha sido la excepción”, manifestó.
