En Bolivia, el bloqueo de caminos dejó de ser una medida de presión social para convertirse en una herramienta política. Hoy, en el país se discuten dos proyectos de ley “antibloqueos”, con posturas encontradas.
En la Cámara de Senadores, ambos proyectos habrían sido aprobados con más de dos tercios. La resistencia a una futura ley antibloqueos, que tiene amplio apoyo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se encuentra en algunos grupos y/o sectores de la sociedad civil, sobre todo en los grupos sindicales corporativos.
Para evitar resistencias y legitimar la ley, un parlamentario incluso propuso un referéndum. El tema es de primer orden en la agenda política.
No se puede anticipar aún cuál será el desenlace. Sin embargo, ya en la reflexión, cabe plantearse algunas preguntas de fondo: ¿qué son los bloqueos en una democracia?, ¿un derecho constitucional, una forma legítima de protesta o una herramienta para ser utilizada con fines políticos?
La experiencia reciente es elocuente. Evo Morales, en su primera gran batalla callejera para recuperar su sigla y ser candidato, organizó y dirigió un bloqueo nacional de carreteras que afectó durante 16 días los ejes vitales entre oriente y occidente. El discurso que justificaba el bloqueo decía: “defensa de la Constitución y fin de la prórroga de los magistrados”.
Si se observa bien, lo que Morales pretendió con este brutal bloqueo era modificar la composición del Tribunal Constitucional Plurinacional para revertir la sentencia que lo inhabilita definitivamente. El bloqueo no fue una demanda ciudadana; fue planificado y ejecutado con fines absolutamente personales, sin importar en lo más mínimo los costos económicos, sociales y humanos.
El segundo bloqueo, que organizó y dirigió Morales, fue más truculento. En esa ocasión, no solo demandó ser habilitado; quiso, fundamentalmente, impunidad frente a los procesos judiciales por graves delitos de estupro, trata y tráfico. Con cinismo, intentó revestir la medida calificándola como una “rebelión del movimiento indígena para defender la patria de la crisis económica e institucional”. En realidad, fue un bloqueo para zafarse de la ley. Por impunidad, bloqueó durante 21 días, paralizando el país y generando daños incalculables.
Cuando comenzaron a faltar alimentos, combustibles e insumos básicos, y los precios se dispararon, amplios sectores de la población exigieron el levantamiento de la medida. La respuesta fue negativa, pues el conflicto no debía terminar sin convulsión social. En la lógica evista, el sufrimiento colectivo es un instrumento legítimo para alcanzar objetivos personales. El bloqueo, así, se convierte en una forma de extorsión política.
Este contexto explica por qué hoy se discuten leyes antibloqueos. No se trata —como algunos quieren instalar— de criminalizar la protesta social, sino de delimitarla. Porque una cosa es la protesta y otra muy distinta es la paralización del país, afectando el derecho al trabajo, a la alimentación, a la salud y a la libre circulación.
La comparación internacional es reveladora. En ninguna constitución democrática del mundo existe un “derecho al bloqueo”. Ni siquiera en los países con tradición de protesta intensa. En Alemania, Francia o España, el derecho a la manifestación está garantizado, pero el bloqueo de vías estratégicas es sancionado penalmente cuando afecta derechos de terceros. En Perú, el bloqueo de carreteras es tipificado como delito cuando pone en riesgo la seguridad o el abastecimiento.
Paradójicamente, los países que podrían ser considerados como “campeones” en bloqueos no son democracias avanzadas, sino Estados con alta debilidad institucional, como Bolivia y Ecuador. De los dos, sencillamente, el campeón es Bolivia. Claro: allí donde el Estado pierde la capacidad de imponer la ley, el bloqueo se normaliza como sustituto de la política.
Obviamente, en Bolivia el problema es más profundo. Durante casi dos décadas, el MAS legitimó el bloqueo como herramienta política antes que como instrumento de lucha. Lo convirtió en un método privilegiado para disciplinar gobiernos, instituciones y ciudadanos. Con una ley antibloqueos, serán los más afectados, pues se les arrebatará una de sus principales herramientas. De ahí, precisamente, su oposición a la ley a través de los sindicatos. Serán los más afectados.
Por eso, no se debe caer en la trampa ideológica de reducir el debate a si una ley antibloqueos es de “derecha” o “autoritaria”. La verdadera discusión es cómo equilibrar el derecho a la protesta con la protección de derechos colectivos básicos. Cómo impedir que una minoría organizada secuestre al país entero. Cómo evitar que la democracia sea rehén de quienes confunden presión social con violencia y chantaje.
Incluso, la idea de un referéndum revela la gravedad del problema: estamos discutiendo si el Estado tiene derecho a garantizar la libre circulación, el abastecimiento y la vida frente a bloqueos políticos. Esa sola pregunta ya dice mucho de nuestra degradación institucional.
En ese sentido, urge recuperar una verdad elemental: ninguna causa, por justa que se proclame, legitima el daño a millones de personas. El bloqueo no es un derecho humano; es, en muchos casos, la negación de los derechos humanos de otros.
Mientras no se rompa con esa cultura de chantaje, el país seguirá atrapado en ciclos de parálisis, pobreza y violencia política. Regular los bloqueos no es reprimir; es civilizar la protesta. Y, sobre todo, es ponerle límites al uso perverso del sufrimiento colectivo como moneda de negociación política.
*El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón.
