El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró la emergencia nacional frente a Cuba al considerar que el Gobierno de la isla representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense, según una orden ejecutiva publicada este viernes por la Casa Blanca.
La medida instruye la aplicación de aranceles adicionales a países que suministren directa o indirectamente petróleo a Cuba, en un momento en que la isla enfrenta una severa escasez de combustible y carece de apoyo suficiente tras el colapso del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
De acuerdo con el documento oficial, Washington acusa a La Habana de profundizar sus vínculos con países considerados adversarios estratégicos, como Rusia, China e Irán, y de alinearse con actores hostiles a los intereses de Estados Unidos.
La orden sostiene que el régimen cubano respalda a grupos terroristas transnacionales como Hamas y Hezbollah, y advierte que la isla alberga la mayor base rusa de inteligencia de señales fuera de su territorio, utilizada para espionaje contra Estados Unidos.
Si bien distintos gobiernos estadounidenses han declarado emergencias nacionales vinculadas a Cuba en las últimas décadas, la Casa Blanca subraya que el actual contexto —marcado por el aislamiento internacional y la crisis energética— otorga a esta decisión un carácter excepcional.
La inclusión de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, restablecida por Trump en enero de 2025, constituye uno de los pilares legales de esta política, cuyos antecedentes se remontan a 1996, tras el derribo de aeronaves civiles estadounidenses por parte del régimen cubano.
La orden también denuncia una intensificación de la cooperación militar y de inteligencia entre Cuba y China, que, según Washington, facilita la instalación de capacidades estratégicas extranjeras en el hemisferio occidental.
En materia de derechos humanos, la administración Trump acusa al régimen de Miguel Díaz-Canel de persecución sistemática a opositores, represión religiosa, censura de prensa, bloqueos de internet y represalias contra familiares de presos políticos.
El sistema de aranceles será administrado por el Departamento de Comercio, que identificará a los países que abastezcan de crudo a la isla, mientras el Departamento de Estado evaluará la imposición de tarifas ad valorem sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos.
La Casa Blanca advirtió que las medidas podrán ajustarse o ampliarse si resultan insuficientes y reiteró que la política estadounidense mantendrá la presión máxima sobre el régimen cubano, al considerar que la situación en la isla sigue constituyendo una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
